Pedreira cree que Correa esquilmó desde prisión sus cuentas en paraísos fiscales

Las comisiones rogatorias, que aún son secretas, tienen como fin detectar los movimientos de capital evadido más que cuantificar saldos

EFE El juez Pedreira, en una imagen de archivo

12/04/2010
Actualizado 19/04/2024 a las 01:43h.

El pasado martes las partes tuvieron acceso a más de 50.000 folios del sumario «Gürtel», pero el instructor Antonio Pedreira aún mantiene varias actuaciones secretas: una pieza separada denonimada «diligencias pendientes», en la que están incluidas una quincena de comisiones rogatorias cursadas a ocho países; otra pieza llamada «documentación intervenida e informes derivados» y una tercera sobre las escuchas en la cárcel de Soto a los abogados de los cabecillas Francisco Correa y Pablo Crespo. Estas conversaciones fueron anuladas el pasado 25 de marzo por el TSJ de Madrid.

Las comisiones rogatorias se han dirigido a Estados Unidos, Reino Unido, Islas Cayman, Portugal, Nevis, Colombia, Suiza y Mónaco, entre otros países, donde los miembros de la trama tenían cuentas, sociedades o negocios, y tienen por objeto averiguar los movimientos de dinero que se han producido en determinadas fechas clave para la investigación, más que a conocer los saldos concretos, según han explicado a ABC fuentes del Tribunal.

No se baraja ninguna cantidad dada la voracidad financiera demostrada por la trama y los reintegros, que a buen seguro harían nada más estallar el caso. «No hay cantidades oficiales -aseguran las fuentes-; en cualquier caso lo que se pueda hallar estará muy por debajo del saldo inicial». Tras el registro de las oficinas del abogado Ramón Blanco Balín ya se detectaron movimientos sospechosos.

Las comisiones rogatorias que tienen finalidad «incriminatoria» se consideran fundamentales para corroborar que Correa desde prisión vació o dio instrucciones para esquilmar sus cuentas en paraísos fiscales, tal y como se deriva de las conversaciones intervenidas en la cárcel, ahora anuladas.

Anticorrupción sostiene que esa estrategia se diseñó de acuerdo con los letrados de la trama, que recibieron órdenes del «número 2» de la organización, Pablo Crespo, para ejecutar los fondos que tienen en Suiza. Dentro de ese mismo plan de acción, entraron en contacto con un «broker» americano y trataron de «controlar» las comisiones rogatorias que más adelante ordenaría el juez buscando despachos de abogados «que planteen pleitos para impedir la ejecución de las mismas». De momento sólo están cuantificados los 21 millones de euros que Correa y Crespo guardaban en Suiza, país que ya ha contestado a la comisión rogatoria.

Anticorrupción ya advirtió en un escrito del 9 de marzo de la posibilidad de que los imputados «obstruyeran el eficaz cumplimiento de las comisiones rogatorias». De hecho, las escuchas pusieron de manifiesto la existencia de «contactos, directos e indirectos (de los imputados) con autoridades de países destinatarios» de esas solicitudes de colaboración judicial. «Sin duda alguna que, del mismo modo que se revela un ejercicio de influencias para cuestiones locales, puede ejercerse la misma para impedir la debida cumplimentación del auxilio solicitado», afirmaban las fiscales de la «Gürtel».

En una de las conversaciones grabadas por la Policía, dos semanas antes de la detención de Correa, éste habla sobre cargos políticos que, según él tiene controlados, con Miguel Hernández, su socio en Colombia y responsable de un conglomerado de empresas del sector energético. Citan a Mónica de Greg, ex ministra de Justicia y a Yuri Chillán, secretario general de la Alcaldía de Bogotá, de quien dicen que ocupa un puesto «menor», pero «es un cargo importante para nosotros». Esta maniobra se repite con políticos de otros países como Panamá. La organización controlaba hasta once sociedades en varios países, algunas de ellas inactivas: seis en Londres y el resto en Isla de Man, Isla Nevis y Holanda.

Hombre de confianza

El hombre de Francisco Correa en Suiza era Arturo Giancarlo Fasana, del despacho de Abogados Canónica en Ginebra, quien manejaba los fondos de la trama depositados en ese país. Éste declaró en mayo ante el juez instructor que sólo unos meses antes de ser detenido, Correa le pidió asesoramiento para invertir cuatro millones de euros; además admitió haber manejado operaciones inmobiliarias de la trama en Cartagena de Indias y haber creado la sociedad de la Isla de Man.

La segunda pieza que permanece bajo secreto contiene todas aquellas actuaciones que afectan al interés público o a la intimidad de procesados y otras personas investigadas, pero ajenas al procedimiento judicial. El juez justifica la necesidad de la medida en «impedir que se frustre la investigación y en preservar datos referidos a esas personas cuya publicidad vulneraría el derecho a la intimidad». Las escuchas anuladas completan la parte secreta del sumario.