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El Gobierno abre la puerta a que las cajas se conviertan en bancos y sean privatizadas

Empresas y oposición critican en bloque el enésimo plan anticrisis, que costará más de 2.000 millones al Estado

El Gobierno aprobó ayer el enésimo paquete anticrisis, con un total de 31 medidas, de las 54 que se comprometió a poner en marcha en el ya conocido como «Pacto de Zurbano». El Ministerio de Economía aprovecha este nuevo cajón de sastre, cuyo coste para las arcas estatales superará los 2.000 millones, para dar cobertura legal y seguridad jurídica a las nuevas entidades que están surgiendo del proceso de reestructuración bancaria y, de paso, para abrir la puerta a la conversión de cajas en bancos y su posible privatización posterior. Así, una de las medidas aprobadas está destinada a «clarificar» el régimen aplicable a los Sistemas Institucionales de Protección (SIP), o «fusiones frías», establecidos para la reestructuración de las cajas de ahorros.

Se ha tomado como modelo el desarrollado ya por Banca Cívica -conformada por Caja Navarra, CajaCanarias y Caja Burgos-, que están agrupadas en torno a una «holding», que es un banco. A partir de ahora se exigirá a todas las entidades que se agrupen en SIP, un acuerdo contractual de al menos diez años. Además tendrán que tener una entidad central (como el «holding» Banca Cívica en el caso de la citada fusión), -adherida al Fondo de Garantía de Depósitos- a la que tendrá que aportar cada caja al menos un 40% de sus recursos propios y mutualizar el 40% de los beneficios. Es decir, en principio, las cajas que conformen un SIP serán las propietarias de ese banco en torno al cual se agrupen, pero si en lugar de aportar el 40% de sus recursos propios deciden más adelante aportar el 100%, se habrán convertido definitivamente en un banco y como tal, privatizarse.

Con lo cual, se ha aprobado justo lo contrario de lo que reclamaban las cajas, que el núcleo en torno al cual se fusionaran fuera una «agrupación de cajas» para que no se perdiera la naturaleza jurídica de las mismas.

Esto va a producir una nueva paralización del proceso de reestructuración, aseguran expertos consultados, que es exactamente lo opuesto de lo que se quería, porque las comunidades se van a pensar mucho autorizar cualquier SIP sabiendo que mediante este instrumento pueden llegar a perder el control de las cajas originarias de su territorio. En la nueva regulación se fijan también las garantías para que esta fusión virtual de las cajas sea neutra desde el punto de vista fiscal.

Asimismo, en materia financiera, el decreto Zurbano prevé acelerar los plazos y trámites para asociados al funcionamiento del FROB.Otro paquete de medidas incluido en el decreto que, según explicó Elena Salgado, es fruto de las negociaciones con los distintos grupos, se refiere a la rebaja de impuestos.

Son estas medidas, precisamente, las que tienen un mayor coste para las arcas públicas. Según los cálculos de Hacienda, la nueva deducción por rehabilitación de la vivienda habitual, costará al Estado 1.400 millones. Se podrán aplicar la deducción los contribuyentes con ingresos inferiores a 53.007 euros. Eso sí, para evitar el fraude, se prohíbe pagar las obras en efectivo.

Otros 120 millones costará eximir de tributación a los cheques que reciben los trabajadores para el transporte público. La rebaja del IVA hasta el 4% para los servicios ligados a la dependencia restará otros 80 millones a los ingresos públicos - 40 al Estado y 40 a las comunidades-.

Y otro pellizco, en esta ocasión todavía no cifrado, se llevará la rebaja del IVA para las chapuzas domésticas -fontanería, carpintería,...-, que entrará ya en vigor sin esperar a los cambios en la tributación. En total más de 2.000 millones. Eso sí, el Gobierno dice que se crearán 350.000 empleos con estas iniciativas.

También se aprobaron medidas para pymes, como el compromiso de poner en marcha antes del 15 de junio los créditos directos del ICO, la prórroga hasta 2012 de la libertad de amortización, que les permitirá diferir impuestos por 600 millones, o el adelanto de las devoluciones del IVA de impagados.

Pese al intento de pacto y el apoyo puntual a determinadas medidas, la norma fue criticada en bloque por los grupos políticos y la CEOE.

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