Ojalá me equivoque

No se puede aceptar el término «nación» en un preámbulo y añadir luego que la constitución no admite otra nación que la española. No se puede aceptar el uso del catalán en todos los ámbitos de la vida pública catalana y aceptar al mismo tiempo que el español es la lengua del Estado, teniendo derecho todo español a usarla y conocerla en todo el ámbito estatal. Dejar puntos como estos al arbitrio interpretativo es puro sofisma e instalarse en el campo opuesto a la razón y al Derecho. O sea, en el de la sinrazón y en el del derecho torcido. Que de ser ciertas las habladurías, es lo que nos espera.

El Tribunal Constitucional tiene sólo una función: decirnos si la conducta de un ciudadano o lo legislado por algún organismo del Estado es constitucional. Pero si nos dice que esa conducta o esa legislación puede ser constitucional o no según se interprete, no nos servirá de nada, ni lo necesitamos a él para nada. Al revés, nos servirá tan sólo para crear más confusión, más frustración, más controversia de la que ya tenemos, y este país tiene ya demasiado de las tres cosas para permitirse el lujo de aumentarlas. Ocurriría lo mismo en un tribunal ordinario, si el juez sentenciase que el inculpado es culpable, pero al mismo tiempo, inocente. Quedando al criterio de cada cual el decidirlo. ¿Se lo imaginan?

Es la consecuencia de haber puesto en la cima de la Justicia española un tribunal político, que mira de reojo al gobierno en vez de tener una venda sobre los ojos para no dejarse influir por las circunstancias. El desprestigio que ha acumulado desde aquella primeriza sentencia sobre Rumasa es inmenso. Pero nada comparable a lo que pudiera ocurrir si decidiese que la Constitución es vasalla de un estatuto. Ojalá me equivoque.