El juez atiende la petición de la Fiscalía en este sentido, si bien amplía el plazo para poder hacer efectivo el pago, que finalmente será de tres días hábiles, que finalmente será de tres días hábiles, hasta el 7 de abril
Actualizado Martes , 30-03-10 a las 17 : 23
El juez instructor del llamado "caso Palma Arena", José Castro, ha comunicado al abogado de Jaume Matas, Rafael Perera, que ha fijado una fianza de tres millones de euros para el ex ministro y ex presidente autonómico para eludir su ingreso en prisión. Dicha cantidad deberá ser abonada en un máximo de 72 horas. En principio, la decisión del juez debía de saberse ayer, si bien el magistrado la pospuso hasta hoy martes, dada la complejidad del caso.
El juez imputa al ex presidente de Baleares la presunta comisión de doce delitos de corrupción, penados con hasta 64 años de cárcel, según el auto de prisión provisional que ha dictado hoy. En su escrito, el juez acusa al ex ministro de Medio de Ambiente de siete delitos de malversación de caudales públicos, un delito de falsedad en documento oficial, otro de prevaricación administrativa, uno de fraude a la Administración, uno de blanqueo de capitales y un delito electoral.
A su cuñado Fernando Areal, que fue gerente del PP balear y al que ha retirado el pasaporte, el juez le acusa de tres delitos: dos de blanqueo y un delito electoral. Estos delitos conllevarían una pena máxima de 15 años de cárcel.
Esta fianza es la misma que solicitaron el pasado viernes los fiscales Joan Carrau y Pedro Horrach para el ex líder popular, imputado en este caso, así como la prohibición de salir de España y la obligación de presentarse cada quince días en los Juzgados. La Fiscalía también pedía que sólo hubiera un plazo de 24 horas para poder abonar la fianza, pero el juez ha considerado oportuno que dicho plazo sea finalmente de 72 horas. Castro ya había decidido retirar el pasaporte a Matas hace cuatro días, atendiendo la solicitud hecha por Carrau y Horrach.
En el "caso Palma Arena" se investigan el sobrecoste del velódromo palmesano, el incremento patrimonial presuntamente irregular de Matas y una supuesta financiación ilegal del PP balear en la campaña de 2007. A Matas se le imputan los delitos de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, fraude a la Administración, blanqueo y delito electoral.
La pasada semana comparecieron ante el juez como imputados en este caso, además de Matas y de su cuñado, Fernando Areal, la esposa del ex líder popular, Maite Areal, que se acogió a su derecho a no declarar, y un presunto testaferro, Bartolomé Reus, que negó tal condición. Para estos dos últimos la Fiscalía no solicitó la toma de medidas cautelares. Por su parte, Matas negó todas las acusaciones que se le hicieron, y sólo reconoció, de forma más o menos explícita, que habría cometido fraude a Hacienda, ya que la mayor parte de los 400.000 euros que costó la reforma de su vivienda de Palma, conocida coloquialmente como "el palacete", habría sido pagada con dinero en efectivo conseguido de ingresos no declarados.
La decisión del juez se produce un día después de que la dirección del PP balear aceptase la suspensión temporal de militancia solicitada por el propio Matas.
Sin pasaporte, sin salir de España y cada 15 días al juzgadoCastro ha decretado también la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la comparecencia cada quince días para el cuñado de Matas y ex tesorero del PP balear, Fernando Areal, también imputado dentro del caso Palma Arena, que investiga el presunto desvío de más de 50 millones de euros durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007) y su posible conexión con el supuesto enriquecimiento ilícito del ex presidente.

En su auto, que puedes descargarte aquí en PDF, el juez apuntó hoy a una "farsa orquestada" por el ex presidente del Gobierno balear para ocultar que era quien tomaba personalmente las decisiones relativas a la construcción del velódromo Palma Arena y que supusieron el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros entre 2005 y 2007, parte de los cuales pudieron acabar engrosando su patrimonio, según las investigaciones.
En su resolución, el juez instructor asevera que "a efectos de ostentar un control directo sobre el proyecto y dar una cobertura formal a sus decisiones", encargó a su entonces directora general de Gabinete, Dulce Linares, y al ex director general de Deportes, José Luis "Pepote" Ballester, "llevar las actuaciones necesarias para tal fin bajo su supervisión y control directo", y ordenando a sus subordinados en el proyecto que hicieran lo que ambos indicaran.
Asimismo, encargó la gestión del velódromo a la Fundación Illesport con el objetivo de "eludir los controles ordinarios técnicos, de intervención y fiscalización del Gobierno balear". Todas las actas de las reuniones de este órgano, añade el juez, "son falsas" y Matas era quien ordenaba confeccionarlas con el contenido que "facilitaba previamente y las firmaba tras su confección".

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