El Consejo de Estado francés, contra la prohibición total del burka
J.P. QUIÑONERO
Actualizado Miércoles , 31-03-10 a las 17 : 44
El Consejo de Estado considera “contraria al Derecho” la prohibición total del burka en Francia. Pero sugiere al gobierno un abanico de medidas administrativas y penales de carácter “disuasivo”, que pudieran transformarse en Ley prohibiendo el uso en lugares públicos, castigado con multas, incluso con prisión, en casos excepcionales de incumplimiento de una previa “exhortación” o “conminación” solemne al abandono del velo integral islámico.
La decisión del Consejo de Estado es pasablemente bizantina y relativamente compleja, pero responde con precisión a un problema que el presidente de la República, Nicolas Sarkozy, y su primer ministro, François Fillon, desean resolver con firmeza, pero sin precipitar nuevos enfrentamientos con los franceses musulmanes, que son 5 o 6 millones de creyentes de muy distinta sensibilidades, incluso enfrentadas con violencia.
La decisión del Consejo de Estado culmina provisionalmente un largo proceso de toma de conciencia debate, reflexión y análisis jurídico.
El mes de junio del 2009, varios diputados de izquierda y derecha pidieron la formación urgente de una comisión parlamentaria, alarmados por la importancia creciente del velo islámico integral, el burka, en la sociedad francesa.
Desde entonces, parlamentarios, partidos políticos y gobierno han protagonizado una compleja batalla de posiciones. La mayoría del grupo parlamentario UMP (Unión por un Movimiento Popular, conservador) es partidaria de un proyecto de Ley prohibiendo el burka. Una mayoría sociológica apoya tal proyecto, contestado por la extrema derecha y la izquierda socialista.
Jean-François Copé, presidente del grupo parlamentario UMP, tomó la delantera al gobierno, proponiendo su propio proyecto de Ley, prohibiendo el burka en los lugares públicos. Prudentes, Sarkozy y Fillon prefirieron consultar al Consejo de Estado (el máximo tribunal administrativo), para presentar su propio proyecto de Ley, esta primavera.
En su petición, Fillon pedía al Consejo de Estado la proposición de ideas destinadas a la prohibición “lo más efectiva posible, sin herir a nuestros compatriotas de confesión musulmana”.
El Consejo de Estado responde a tal demanda con la misma y extrema prudencia. A su modo de ver, la prohibición total del burka “no sería defendible jurídicamente”. Por el contrario, el Consejo sugiere un marco legislativo que deja al legislativo la libertad de aplicar con mayor o menor rigor la futura Ley, “disuasiva, antes que coercitiva”.
Los prefectos de la República serán, llegado el caso, los responsables de aplicar la futura Ley, que debiera prohibir el uso del burka en un abanico de lugares públicos que todavía está por precisar. Administraciones públicas, hospitales, instituciones privadas, museos, escuelas, oficinas de correos, alcaldías, comercios de muy distinta índole... Será el gobierno quien fije los límites al uso del burka.
En el terreno de las sanciones, el Consejo de Estado sugiere al gobierno una alternativa “escalonada, con carácter disuasivo”: su propone la creación de una instancia de “exhortación” o “conminación” solemne, con “mediación social”. En caso de “desobediencia”, el posible delito sería castigado con una pena que podría comenzar con una multa económica y pudiera culminar en prisión, en casos extremos.
El presidente Sarkozy anunció, en su día, su determinación personal a combatir el uso del burka, considerado como “mal venido” en Francia. Tras la derrota de las recientes elecciones regionales, el posible proyecto de Ley prohibiendo parcialmente el burka, en condiciones que todavía están por determinar, debiera redactarse y discutirse en la Asamblea Nacional con relativa celeridad. El Consejo de Estado despeja las reservas jurídicas, matizándolo el proyecto inicial.

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