El juicio por los presuntos delitos por prevaricación contra el actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Rafael Romeo, su antecesor, José Luis Alonso, el ingeniero de este organismo Lorenzo Polanco y el alcalde de Bielsa (Huesca) y diputado provincial del PSOE, Antonio Escalona, se celebrará a pesar de que la Fiscalía había pedido el sobreseimiento de la causa. Fuentes del caso han indicado a ABC que el Ministerio Público ha dado un giro radical a su planteamiento por los hechos que se investigan: haberse promovido desde la CHE la reconstrucción de un muro que invade el cauce del río Cinca a su paso por Bielsa y que hace años fue declarado ilegal. Los cuatro imputados se enfrentan a una petición de pena de dos años de prisión y diez de inhabilitación.

De querellarse inicialmente contra los cuatro imputados, la Fiscalía ha pasado a pedir el sobreseimiento. La instrucción judicial, sin embargo, ha determinado que no es posible la pretensión del fiscal porque hay indicios de varios delito, atendiendo la petición que en ese sentido ha planteado la acusación particular. Ésta se sumó al proceso cuando ya estaban en marcha las diligencias judiciales.

Según las mismas fuentes, los hechos que se investigan se pusieron en conocimiento de la Fiscalía hace dos años por unos particulares, que se sienten directamente perjudicados por el muro que se construyó sobre el río Cinca y que se aprobó rehacer años después de que el curso natural de las aguas acabaran derribándolo.

La CHE, que en los años 80 declaró ilegalizable aquel muro, atendió las pretensiones del Ayuntamiento y, en 2007, no sólo dio luz verde a la reconstrucción de ese parapeto sino que fue la propia Confederación la que promovió las obras, con fondos públicos. Se adjudicaron en enero de 2008, pero eso motivó el inicio de estas acciones judiciales y la reconstrucción quedó en suspenso. Los pasos que se siguieron para rehacer una obra declarada ilegal ha sido suficiente para que se vean indicios de presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

Acusación particular

Una vez que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, ésta inició acciones penales ante los juzgados. Pero cuando avanzaron las diligencias, optó por dar marcha atrás. En contra de lo que consideró al principio, sostiene que sólo ha habido irregularidades administrativas, no delitos, según han indicado las mismas fuentes consultadas por ABC.

Tras ese viraje, ahora es una incógnita qué hará la Fiscalía durante la vista contra un destacado y veterano miembro del PSOE en la provincia de Huesca —el alcalde de Bielsa—, un ex-alto cargo de la Administración del Estado nombrado por el Gobierno de Zapatero —el ex-presidente de la CHE—, el actual responsable de la Confederación Hidrográfica, que cuando se produjeron los hechos era el comisario de Aguas de este organismo, y el ingeniero de la Confederación responsable del proyecto.