El Ministerio de Cultura ha certificado el «indiscutible carácter público» de parte de los documentos robados al primerpresidente de la II República, Niceto Alcalá-Zamora, en 1936. Los papeles fueron recuperados por la Guardia Civil en diciembre de 2008 en una cafetería de Valencia cuando un empresario, Mariano Soria, trataba de vendérselos a un historiador que decía ser asesor del locutor César Vidal.

Dos nietos del político cordobés denunciaron entonces al empresario, un extraño a la familia que asegura haberse encontrado los papeles en 1978 cuando hurgaba entre las pertenencias de unos padres recién fallecidos en accidente de tráfico. Su padre, que trabajaba en el Servicio de Información Militar del Ejército nacional, los habría sustraído de las dependencias del Gobierno de la República establecido en Valencia.

La Audiencia Provincial confirmó en diciembre el archivo del caso decretado por el juez instructor. Entendió que el padre de Soria pudo cometer un delito de apropiación indebida en 1936, pero el delito ha prescrito, de modo que el robo de los documentos quedaba sin castigo.

Archivado el caso y exonerado de responsabilidad penal, Soria se erigió en «legítimo tenedor» de los documentos frente a los nietos del primer presidente de la II República, que se consideran «legítimos herederos». Los dos bandos reclamaron los papeles al juez y éste recabó el auxilio del Ministerio de Cultura antes de decidir.

Bajo custodia estatal

Son más de mil documentos. Unos, originales; otros copias realizadas por el político. El informe de la Subdirección General de Archivos, concluye que «mayoritariamente la documentación tiene carácter privado» (felicitaciones personales, condolencias familiares, disposiciones testamentarias...). Recalca, no obstante, el «indiscutible carácter público» de algunos ejemplares que «no deberían haber salido de las instituciones públicas». Se trata de los documentos oficiales relativos a los denominados sucesos de Asturias ocurridos en 1934 (mapas y planos) y de los relacionados con la expulsión del Arzobispo de Toledo, el cardenal Pedro Segura. «Revisten gran interés histórico y resultan necesarios para el adecuado conocimiento de los hechos acaecidos», explica el Ministerio de Cultura en su informe, que reclama la incorporación de estos papeles a un archivo estatal, en concreto, al Centro de la Memoria Histórica.