Viernes , 26-03-10
LA limpieza del procedimiento es la garantía del Estado de Derecho. Si todo vale y fin justifica los medios no existe una justicia democrática, que es la que define, protege y sostiene la libertad. Un estricto orden garantista implica la posibilidad de que ciertos culpables queden impunes, fracaso que se compensa con la tranquilidad de que no habrá inocentes castigados por un ejercicio atropellado o torticero de la ley. Este principio fundamental constituye la base ética de las normas procesales y son los jueces los primeros que deben encargarse de su correcta preservación, aplicación y entendimiento. No hay lugar para el abuso por firme que sea la convicción de culpabilidad.
Si los imputados de la trama Gürtel salen más o menos beneficiados por la anulación de las escuchas de sus conversaciones con sus abogados habrá que pedirle responsabilidad a quien las ordenó, no a los que han sentenciado su invalidez probatoria. En el caso del juez Garzón concurren antecedentes preocupantes de intervención irregular de comunicaciones y otros clamorosos y desordenados defectos de forma; hay por ahí narcotraficantes en libertad por culpa de alguna instrucción mal formulada. Los numerosos defensores de este magistrado, que reclaman para él una suerte de inmunidad en aras de sus intenciones justicieras, olvidan que la justicia sólo es justa cuando se atiene a unas reglas establecidas por el corpus jurídico. Ha sido su manejo poco escrupuloso, quizá arbitrario, de instrumentos procesales que inciden en los derechos de los detenidos lo que ha abierto la rendija escapatoria para estos corruptos tan formalmente presuntos como moralmente palmarios.
Tampoco será la primera vez, ni el primer magistrado al que le revuelcan diligencias defectuosamente enfocadas. El caso Naseiro, preclaro ejemplo de financiación ilegal del PP, fue anulado por escuchas que comprometían garantías elementales. La red de corrupción socialista establecida en Andalucía en torno a los hermanos Ollero -con el intermediario sorprendido in fraganti llevando en una maleta los millones de un cohecho- salió absuelta cuando el Constitucional invalidó la interceptación de sus conversaciones. Estos días está en el aire, por deficiente instrucción, la Operación Ballena Blanca en la Costa del Sol, y puede haber sorpresas desagradables cuando toque enjuiciar a la célebre cleptocracia de Marbella. Se trata de delincuentes manifiestos y de delitos contrastados, pero ante la evidencia de sus fechorías prevalece el interés supremo de la preservación de la seguridad jurídica. Sin ese manto protector estaríamos ante una indefensión general, amparadora de la vulneración de intimidades y de presunciones de culpabilidad. No es la ley lo que funciona mal sino el modo apriorístico y viciado, a veces chapucero, con que algunos de sus intérpretes acostumbran a aplicarla.

Enviar a:

¿qué es esto?


Más noticias sobre...