Publicación en el BOE del despido de Lafuente
Jueves
, 25-03-10
El Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de El Cabañal obtuvo ayer el aval de las Cortes al aprobar -con 50 votos a favor del PP y 44 en contra de PSPV, Compromís y No Adscritos- el proyecto de Ley que declara que «no perjudica, daña o deteriora la protección del conjunto histórico de la ciudad».
La validación de esta ley supone la derogación del decreto del Consell del pasado 7 de enero, base de esta iniciativa legislativa, que se oponía a la orden del Ministerio de Cultura que declara expolio del patrimonio histórico las actuaciones derivadas del PEPRI.
Durante el debate parlamentario de ayer trascendieron las discrepancias surgidas en el Ministerio de Culturaen torno a la emisión de la orden contra el PEPRI por considerar que éste incurría en expolio.
No incluido en el expediente
El diputado popular José Marí explicó que el subdirector general de Protección del Patrimonio Histórico emitió un informe el pasado 14 de julio que no fue incorporado al expediente porque presuntamente «exponía unas tesis contrarias a las argumentadas por la Orden aprobada por el Ministerio». Este informe, elaborado por Luis Lafuente Batanero, un técnico con más de trece años de antigüedad en el Ministerio, no figura en el expediente que inició la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, aunque sí está incluido en él uno sin firmar, que posiblemente se corresponda con el de Lafuente.
El subdirector de Protección del Patrimonio Histórico fue destituido el 27 de agosto, mes y medio después de que firmara su informe. Según Marí, el PSOE «sólo progresan aquellos que mantienen las tesis del partido».
Lo inesperado de la destitución -Lafuente había permanecido en el cargo con seis ministros- obligó a buscar una sustituta con prontitud: Ángeles Alastrue. El perfil de esta funcionaria, que se encontraba varios años en excedencia voluntaria por vivir en el extranjero -fue coordinadora general en 1997 de la cooperación española en Marruecos-, causó sorpresa en el departamento.
El informe de Lafuente será incorporado al recurso contencioso-administrativo que el Consell ha planteado en la Audiencia Nacional contra la Orden de Cultura. Antes deberá tenerlo en su poder, ya que fue reclamado el 5 de marzo por funcionarios de la Generalitat que se personaron en la sede del Ministerio; hasta la fecha no ha sido enviado. El Ministerio, eso sí, reconoce su existencia.
