Martes
, 23-03-10
EVA VEGA / ACN
BRUSELAS. La directora general de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Gobierno, Alicia Paz, reiteró ayer ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y delante de varios de los afectados por la aplicación de la Ley de Costas de 1988 que el poblado tinerfeño de Cho Vito fue declarado «ilegal» por «los tribunales» por estar construido en «un dominio público del Estado» y, por lo tanto, «procedía su demolición».
Sin embargo, tras su comparecencia, la mayoría de los eurodiputados presentes criticaron la aplicación de ésta Ley en España, sobre todo cuando afecta a propietarios de viviendas particulares, y directamente citaron el caso de Cho Vito, si bien se mostraron de acuerdo en la necesidad de la existencia de dicha ley.
Así, el británico Roger Helmer, de los Conservadores y Reformistas Europeos, aseguró que la Ley española de Costas «no respeta los derechos de los ciudadanos» y afirmó que ha recibido «decenas de cartas conmovedoras de compatriotas que han ahorrado toda su vida con el objetivo de pasar en España su jubilación y de repente se han visto con una orden de desahucio». Por ello, a partir de ahora «recomiendo a todo el mundo que no se compre ninguna vivienda en España», espetó.
Aplausos de los vecinos
La intervención de Helmer, al igual que la mayoría de las contrarias a la citada ley, arrancó los aplausos de la sala, especialmente de los peticionarios presentes entre los que se encontraban cinco vecinos del poblado marinero tinerfeño, los cuales expondrán hoy ante la misma comisión europarlamentaria sus quejas por el derrumbe de sus viviendas a través de Tomás González, portavoz de la asociación de vecinos Las Calas.
Entre los eurodiputados que pidieron la palabra también estuvo el canario Gabriel Mato, del Partido Popular, quien dijo que «estamos hablando de personas que ven como les tiran sus casas» e hizo alusión a que «el Gobierno tiene que valorar si están compensados los que pierden» sus propiedades. «Los ciudadanos buscan seguridad jurídica y eso es lo que les tenemos que asegurar aquí en el Parlamento Europeo», concluyó Gabriel Mato.
Por su parte, Margrete Auken, europarlamentaria danesa de Los Verdes y autora del informe aprobado por la Eurocámara en contra de la urbanización masiva en España, apuntó a que ésta ley «es extraordinaria», pero «el problema está en su aplicación aleatoria». Se da «desigualdad en la aplicación de la ley», porque «mientras hay casas modestas que no se protegen, por otra parte se levantan grandes hoteles» en la costa.
