La Directiva Marco del Agua marca un nuevo modelo de gestión en el que este elemento vital se valore y se pague en todas sus dimensiones, incluida la medioambiental.
La agricultura consume el 75% del agua|AP
Entre 1.100 y 1.500 millones de personas carecen de agua potable, por eso Naciones Unidas marcó como uno de los objetivos del Milenio reducir a la mitad esta cifra para 2015, un propósito suscrito por 189 países, entre ellos el nuestro. Cada día se pierden 10.000 vidas, en su mayoría de niños, por falta de agua en buenas condiciones, un derecho humano que debe estar garantizado. Este año, el día mundial incide en este aspecto con su lema «Agua limpia para un mundo sano».
Como contraste, para la mayoría de nosotros ese derecho nos llega sin esfuerzo al abrir el grifo. Y la facilidad con que obtenemos el agua da pie al despilfarro.
Durante más de un siglo, ha sido considerada únicamente como elemento indispensable para el desarrollo económico, sin tener en cuenta los costes ambientales. Pero como señala Pedro Arrojo, del Departamento de Análisis económico de la Universidad de Zaragoza, un río es mucho más que un canal de agua. Una visión esencial para lograr una gestión sostenible de los ríos y demás ecosistemas acuáticos, como establece la Directiva Marco del Agua. Ya no es tiempo de hacer un uso a demanda de este elemento, más propio de países en vías de desarrollo, como lo fue el nuestro buena parte del siglo pasado, sino de hacer un uso responsable y sostenible.
«Hoy todo el mundo entiende que talar un bosque a matarrasa en nombre de la economía no sólo es un desastre económico, sino ecológico, aunque sea rentable a corto plazo. De igual forma, sobreexplotar un río o un acuífero, como hemos hecho con la mayor parte de los nuestros, no sólo es un desastre ecológico sino económico, aunque sea un buen negocio a corto plazo.Y entender esto requiere un cambio de filosofía, cultura, principios y valores», señala Arrojo.
Un error ecológico y económico mucho mayor en un país como el nuestro, donde el agua que nos cae del cielo es tan irregular. Ahora nuestros embalses están al 80 por ciento de su capacidad, un veinte por ciento más que la media de los diez últimos años. Pero hace solamente unas semanas la sequía y la sobreexplotación de aguas subterráneas mantenían en jaque a las Tablas de Daimiel, uno de nuestros humedales más emblemáticos.
Bien esencial y barato
A pesar de estas consideraciones, el agua sigue siendo un bien relativamente barato si lo comparamos con otros de consumo diario. Como media, una caña de cerveza cuesta lo mismo que un metro cúbico de agua potable, cantidad que, en una unidad más familiar, equivale a mil litros, suficiente para llenar cuatro mil vasos o abastecer a una familia de tres miembros dos días y medio.
Con el 0,6 por ciento del presupuesto familiar nos da para pagar la factura de este bien esencial. En total, unos 190 euros al año frente a los 233 que empleamos en aguas minerales, bebidas y refrescos, los 900 del teléfono o los 2.950 que nos cuesta comer fuera de casa, incluido el café, según datos del Instituto Nacional de Estadística.Y esto a pesar de que desde 1996 el precio del agua se ha incrementado en más del 65 por ciento.
Aunque la tendencia es hacia un ligero ahorro de un año a otro, debido fundamentalmente a una mayor concienciación en los hogares, como media, en 2007 cada persona consumió 157 litros de agua al día, una cantidad cinco veces superior a los 30 que establece Naciones Unidas como cuota básica. Aunque cálculos más generosos elevan esta cifra a 125 litros.
Arrojo considera oportuno hacer una distinción entre tres tipos agua, «según su función, con distinto sentido ético y moral. El agua-vida, vinculada a los derechos humanos, que es la mínima cantidad necesaria para vivir con dignidad y que según Naciones Unidas, supone el 1 por ciento del total utilizado. Un segundo tipo sería el agua de ciudadanía, vinculada a derechos y deberes. La mayoría consumimos más de esos 30 litros básicos sin derrochar, para la ducha, lavadora o lavavajillas. Esta agua no es un derecho humano, pero todos nos sentiríamos mal si nos faltara. Por último, el agua económica, vinculada al derecho o legítima aspiración a ser más ricos».
El agua como negocio
Tanto el agua vida como el de ciudadanía se incluirían dentro de los servicios urbanos que, según el INE, suponen un 12 por ciento del total consumido. Del 88 por ciento restante dan cuenta la industria y sobre todo la agricultura, que emplea un 75 por ciento. En el agua de los hogares no tiene por qué haber restricciones, matiza Arrojo: «Los 30-40 primeros litros deberían ser gratis para quienes no puedan pagarla. Un corte de agua no es legítimo en un país democrático Los diez siguientes requieren una tarifa accesible, pero que permita recuperar lo que cuesta llevar el agua a domicilio. Los diez siguientes el doble de caro, porque ya son un lujo, y los siguientes, que serían para llenar la piscina, se podrán utilizar si no hay sequía, pero cuatro veces más caros. De forma que el que más consuma por lujo financie el derecho de ciudadanía de quienes tienen dificultades para pagarlo». Se trata, apunta, de utilizar un sistema de racionalidad económica, pero no basado en el demercado actual, «que hace lo contrario, cuando más compras más barato te sale».
Y esto también ocurre con el agua, a pesar de que la tarifa en vigor es progresiva y teóricamente la unidad de consumo es más cara a medida que el gasto aumenta. Sin embargo, no siempre se logra el fin pretendido, como comprobó la Organización de Consumidores y Usuarios en 2005. Puede que se esté penalizando a quien menos consume y favoreciendo el derroche dentro del mismo tramo porque los que están en el límite inferior pagan el metro cúbico de agua más caro que los que apuran hasta el salto de bloque.
Es lo que ocurre en algunos municipios, porque no hay una unificación de precios, que fija cada ayuntamiento y pueden variar en función de la disponibilidad, calidad y proximidad a los recursos hídricos, bombeos necesarios para elevar, potabilizar y depurar el agua.
Desde la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), entidad que agrupa a empresas públicas y privadas, señalan que la mayoría de los ciudadanos desconocemos lo que cuesta llevar a casa el agua apta para el consumo «en un contexto cada vez de mayor exigencia normativa y con mayores requerimientos medioambientales, de servicio y comerciales».
Según el Ministerio de Medio Ambiente, la factura del agua de los usuarios urbanos y de riego, representa tan solo el 6,5 por ciento de los costes totales. Desde AEAS resaltan que mientras «el ciudadano considera esencial una gestión sostenible del agua, no es consciente de que debe asumir también el mayor esfuerzo económico que ello supone».
El objetivo es la recuperación de costes como marca la Directiva Marco del Agua en su artículo 9, que especifica la necesidad de considerar no sólo los costes financieros sino también los ambientales. Y la recuperación ambiental de nuestros ríos y acuíferos, requiere, según la Directiva, un esfuerzo importante de todos, que contempla la mejora de la depuración de las aguas.
Roque Gistau, presidente de AEAS, señala que «el precio del agua deberá duplicarse en los próximos cinco años para garantizar servicios eficientes, alcanzar los estándares de los países de nuestro entorno, confirmar el sentido de bien económico además de público del agua y cumplir la Directiva Marco». Además, la periodicidad del recibo tenderá a ser mensual a medida que la lectura de los contadores se haga a distancia, que requiere menor gasto de personal. A pesar de todo, asegura, la repercusión sobre la economía familiar seguirá siendo pequeña.
Los precios son según la directiva, el instrumento para proteger la calidad del agua y de los ecosistemas. A partir de2010, los Estados miembros deberán garantizar que la política de tarificación incite a los consumidores a utilizar los recursos de formaeficaz y que los diferentes sectores económicos contribuyan a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el uso del agua.
Hasta ahora, el subsidio por parte del Estado permitía cobrar el servicio a un precio menor al coste y financiar el déficit a través de los ingresos fiscales. Una política que no ha favorecido el ahorro, pues cuando el dinero sale de las arcas del Estado, «no hay límite y se pide de forma irresponsable», asegura Pedro Arrojo.
Es el «agua economía» o «agua negocio», integrada por regadío e industria, «la que debe tender progresivamente a recuperar costes. Para no caer en el error de pedir más sin haber valorado antes lo que cuesta llevar esa agua si está disponible. Así se evitaría que en muchos lugares, como en Aragón, por ejemplo, el agua de regadío se pague a dos céntimos el metro cúbico, cuando el coste está en 15 ó 20. Así es imposible poner un límite», resalta Arrojo.
La existencia de subvenciones, especialmente alaagricultura, es un importante elemento de debate sobre el uso eficiente del agua. «Cuandoqueremos másregadíosenel litoralmediterráneo, o en losMonegros, enAragón, habría que tener en cuenta que en estos momentos, en el litoral mediterráneo, donde llueve muy poco y hay acuíferos sobreexplotados, como en Almería, se gastan más de 30.000 litros por persona y día. Y Almería es de las zonas que usa el agua con mayor eficiencia, con riego por goteo cuidadosísimo.
Pero la clave no está solo en la eficiencia, sino en saber poner límites. Se podrían mantener 10.000 hectáreas bajo plástico, pero si regamos el triple y miles de chalés, el resultado son tres toneladas de agua por habitante y día y eso, aunsiendo eficiente, es insostenible», advierte.
Las subvenciones tampoco incentivan la eliminación de las fugas de agua, que hacen que algunas ciudades gasten lo mismo de día o de noche. En 2007, por cada 6 litros conducidos uno se perdió, según datos del INE. Una cantidad aún inferior al «nivel óptimo de fuga», que hace rentable reparar las tuberías por la cantidad de agua perdida y que se sitúa en el 20-30 por ciento. Porcentaje que el Ministerio de Medio Ambiente calificaba de «escandaloso» en la monografía sobre «Precios y costes del agua» de 2007 y que no sería aceptable si la distribución fuera de gas o petróleo, reflexiona Arrojo.
Los costes son bajos para el agua de riego, debido a que los servicios de captación, embalse y transporte de aguas superficiales se cobran como media a dos céntimos el metro cúbico, pero también por la falta de inversión en la reposición de grandes infraestructuras de embalse y transporte y de distribución, que en gran medida han superado con creces su vida útil.
Una investigación dirigida por Eva Iglesias, del Departamento de Economía yCiencias Sociales y Agrarias de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), analizó en 2008 los efectos que la subida del precio del agua tendría sobre el regadío. El estudio revela que elevar en la zona del Bajo Guadalquivir tres céntimos el precio del metro cúbico supondría una reducción del 26% en el consumo. «La demanda es más elástica de lo que se pensaba. Sin embargo, un incremento del precio puede tener severas implicaciones sobre el empleo y larenta agraria», aclara Iglesias. En caso de no modernizar las infraestructuras, los agricultores perderían un 16% de sus ingresos en un sector clave de la economía andaluza. El incremento de tarifas supondría un cambio significativo en las tecnologías utilizadas para el regadío y obligaría a variar los cultivos,y a optar por cosechas más rentables.
Cambiar esto, no obstante es muy difícil, como reconoce Pedro Arrojo, «no se puede hacer de hoy para mañana, pero sí mediante un proceso largo y paulatino, con incentivos adecuados, apoyos a la modernización, generosidad en la ayuda a la explotación agraria familiar y exigencia en la responsabilidad de todos para pasar de un sistema de subvenciones que tenía sentido durante el siglo XX al que hoy exige la Directiva».