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Jueves
, 18-03-10 a las 17
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La realidad parece empecinarse contra la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que tan sólo hace unos días garantizaba la viabilidad del nuevo sistema de financiación de RTVE. La Comisión Europea acaba de abrir un segundo expediente de infracción contra nuestro país por el nuevo sistema, en este caso porque la tasa que se exige a las operadoras de telecomunicaciones, equivalente al 0,9% de sus ingresos brutos facturados, es contrario al Derecho de la Unión Europea.
Los argumentos del Ejecutivo comunitario son que la Directiva de autorización del sector de las telecomunicaciones, del año 2002, establece que las tasas que se cobran a las empresas que operan solo pueden sufragar determinados costes administrativos y de reglamentación ( principalmente las autorizaciones y las tareas de regulación) y deben ser objetivas, transparentes y proporcionadas, supuestos que no se dan en este caso ya que el dinero que se les obliga a pagar a las empresas de telecomunicaciones tienen como fin la financiación de RTVE.
Bruselas recuerda además que en enero de 2010 la Comisión incoó un expediente contra Francia por un asunto similar relacionado también con las tasas administrativas.
Ayudas de Estado prohibidas
Ayudas de Estado prohibidas
Este nuevo expediente de infracción contra España, al que el Gobierno puede presentar alegaciones en dos meses, se suma al procedimiento abierto en diciembre del año pasado por el mismo asunto, aunque relacionado con otro aspecto como era si la nueva financiación de RTVE se ajustaba a la legislación europea en materia de ayudas de Estado, en principio prohibidas en Europa salvo autorización expresa por distorsionar el Mercado Interior Europeo.
La comisaria europea de Agenda Digital, Neelie Kroes, ha asegurado que “a la Comisión Europea le preocupa que este nuevo gravamen sobre los operadores de telecomunicaciones pueda ser incompatible con las normas de la UE. Esta aportación parece afectar indebidamente a los operadores de telecomunicaciones, pudiendo limitar sus inversiones en nuevas redes y sus servicios avanzados y penalizando en definitiva a sus clientes”.
Si el Gobierno no contesta en el plazo de dos meses que le ha dado al Comisión ésta puede hacer un dictamen motivado, la segunda fase del procedimiento de infracción comunitario, en el que inste a España a modificar su legislación para garantizar el pleno cumplimiento de las normas de la Unión Europea.
