El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola, ha decretado prisión eludible bajo fianza de 350.000 euros -el fiscal había solicitado 450.000-, 2,6 millones por responsabilidad civil y la retirada del pasaporte para la ex presidenta del Parlamento autonómico y ex presidenta de Unión Mallorquina (UM), Maria Antònia Munar, que ha declarado ante el juez como imputada en la llamada «Operación Maquillaje», en la que se investiga el presunto desvío de fondos públicos desde la radio y la televisión del Consejo de Mallorca a empresas audiovisuales de personas ligadas a cargos de UM.

Los hechos habrían tenido lugar en la pasada legislatura autonómica, cuando la institución insular estaba presidida por Munar, mientras que el vicepresidente de la misma era Miquel Nadal. A Munar se le imputa la presunta comisión de los delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental, prevaricación, negociaciones prohibidas y delito electoral. Munar negó por la mañana ante el juez haber entregado 300.000 euros a Nadal para la compra de una empresa audiovisual, Video U, en 2004.

Cabe recordar que el pasado 26 de febrero Nadal había implicado a Munar en una presunta trama de corrupción para la supuesta financiación irregular del partido nacionalista. En concreto, Nadal dijo entonces al juez que habría recibido 300.000 euros en efectivo de Munar en el interior de su propio coche oficial para la compra de Video U. A raíz de la declaración de Nadal, Munar dimitió ese mismo 26 de febrero como presidenta de la Cámara regional y anunció también su abandono de la política. En cualquier caso, desmintió de forma "rotunda" todo lo afirmado por Nadal.

Lope Sola tomó el jueves de la pasada semana la decisión de citar a Munar tras haber leído la declaración presentada por escrito por otra de las personas imputadas en esa misma causa, Miquel Sard, presunto testaferro de Nadal, quien también se encuentra imputado. Sard afirmaba en su escrito entregado al juez que habría recibido de manos del propio Nadal 300.000 euros en un sobre para la compra del 50 por cien de las acciones de la empresa Video U, que es una de las investigadas en este caso, ya que dicha empresa suscribió contratos millonarios con Televisión de Mallorca y, al mismo tiempo, realizó trabajos para la campaña electoral de UM en los comicios de 2007.

Nadal le habría dicho a Sard que dicha cantidad de dinero provenía de él mismo y de Munar, en concreto, 150.000 euros por cada parte, y que el nombre de ambos no podría figurar en la compra de Video U, al ser los dos entonces los máximos responsables institucionales del Consejo de Mallorca.

Un día después de la declaración de Sard, declaró también como imputado el pasado viernes ante el juez el presunto testaferro de Munar y socio de Video U, Víctor García -familiar de Munar-, quien ofreció una versión bastante diferente de todos estos presuntos hechos. Así, negó ser el testaferro de Munar y dijo que lo habría sido en realidad de Nadal, de quien también habría recibido la petición de que comprase el 25 por cien de las acciones de Video U, con los 125.000 euros que le habría hecho llegar Sard.

Tras su declaración, el magistrado decretó la retirada del pasaporte a García. El juez también decretó el viernes prisión eludible bajo fianza de 10.000 euros para la ex directora de Comunicación del Consejo de Mallorca, Margarita Sotomayor, que había acudido a declarar también como imputada por este caso.

Munar ya había comparecido como imputada ante el juez por esta causa judicial el pasado 22 de enero, si bien en aquella ocasión se acogió a su derecho a no declarar, en su condición de persona aforada, condición que ha perdido tras haber dimitido de todos sus cargos.

Por otra parte, la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, Carmen Abrines, ha decretado prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros y la retirada del pasaporte para el ex consejero de Turismo y ex dirigente de UM Francesc Buils y para el empresario audiovisual Jacinto Farrús, propietario de Canal 4, así como para los responsables de la empresa de informática Minser, Gabriel R.M. y Juan E.P. A los cuatro se les imputan los delitos de malversación de caudales públicos y fraude. Todos ellos habían sido detenidos el pasado lunes en la segunda fase de la llamada "Operación Voltor", en la que se investiga una presunta trama de corrupción en un organismo que depende de la Consejería de Turismo, el Instituto de Estrategia Turística (Inestur), ya que al parecer se habría producido un presunto desvío de fondos públicos a través de contratos supuestamente irregulares.