Tanto la patronal bancaria, la Asociación Española de Banca (AEB), como dos de sus principales asociados, Santander y Popular, coincidieron ayer en reclamar a las cajas de ahorros que lleven a cabo de forma inmediata la reestructuración de este sector, que revisen su modelo y que desaparezcan o se disuelvan las entidades que no sean viables.
En una jornada sobre el futuro del sistema financiero español organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), el presidente de la AEB, Miguel Martín, fue contundente al considerar «inaceptable» que algunas cajas se escuden en señalar que no han podido reestructurarse aún por las trabas que les ponen las autonomías o porque no se han desarrollado los instrumentos necesarios para hacerlo. Martín recordó que en anteriores crisis financieras hubo más liberalización y ahora no se debería caer en la creación de «guetos financieros». A su modo de ver no se puede dar dinero público a las entidades no viables, «tienen que desaparecer o integrarse en otras, y eso hay que hacerlo sin fragmentar el mercado. No ir a 17 mercados (uno por comunidad autónoma)».
«Modelos obsoletos»
Por su parte, el vicepresidente segundo y consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, subrayó que en España no podemos permitirnos lujos como el de mantener entidades «zombies», modelos obsoletos o utilizar recursos públicos si no se hace una reestructuración a fondo del sector financiero.
En ese mismo sentido incidió el presidente del Popular, Ángel Ron, quien añadió que es precio que «se cierre» el proceso abierto en las cajas.
No hay entidades inviables
Por su lado, el director general de la CECA, José Antonio Olavarrieta, dijo que no le consta que haya alguna entidad que no sea viable y estuvo de acuerdo en que se haga cuanto antes la reordenación del sector de cajas.
La agencia de calificación crediticia Moody´s manifestó ayer que los retrasos en la reestructuración de la banca española y los reducidos fondos públicos aportados hacen peligrar hacen peligrar las previsiones iniciales de una mejora sustancial de la fortaleza financiera de las entidades del país, lo que puede traducirse en «presiones sobre los rating de deuda y depósitos de algunas entidades», informa Ep.
