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Publicado Jueves , 11-03-10 a las 12 : 22
El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital, José Luis Serrallé, informó ayer de una sentencia emitida por el juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Albacete en la que declara la nulidad por no ser ajustadas a derecho de varias productividades que fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local, concretamente las referidas al año 2008 y cuyas cantidades ascienden a 98.000 euros a repartir entre 6 trabajadores del servicio de infraestructuras, 19.000 euros para seis trabajadores del servicio de medio ambiente, 94.392 euros a repartir entre 12 trabajadores del servicio de gestión de multas, y 99.497 euros para 13 trabajadores del servicio de gestión de ingresos.
Serrallé explicó que las productividades han sido declaradas nulas, entre otros motivos, por que refiriéndose las mismas al año 2008, los objetivos a conseguir fueron marcados en diciembre de ese mismo año, cuando ya se sabía cuál había sido el trabajo desarrollado. El edil aseguró que si el objetivo de la productividad es incentivar a los trabajadores, «mal los puedes incentivar si le marcas los objetivos al final del año».
El PP considera que las cantidades son demasiado elevadas, pues entiende que «no es de recibo que por ejemplo algún funcionario llegue a cobrar por esta productividad 24.000 euros, además de su sueldo y de otras productividades millonarias que también están pendientes de juicio relativas al Plan de Barrios y al FEIL o Plan ZP».
La sentencia, que no es firme, afirma que no está acreditado que «los trabajos desempeñados por los funcionarios afectados sean la consecuencia de un superior rendimiento, actividad o interés en los cometidos que son los propios de su trabajo». Además la sentencia afirma que no existe un Plan General de Productividad, tal y como exige el Acuerdo Marco y el Convenio Colectivo y por ello las productividades anuladas suponen, «una evidente discriminación que se ha venido a producir con relación al resto de trabajadores municipales» pues ha dado lugar a que un selecto número de trabajadores municipales, en torno a 40, dentro de una plantilla de 1.156 hayan resultados «agraciados con el pago de unas suculentas cantidades». La sentencia dicta que los trabajadores que no las hayan cobrado, no lo hagan y los que sí lo han hecho, tendrán que devolverlas. El Ayuntamiento ya ha anunciado que recurrirá..
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