Para que «no pueda ponerse en cuestión, como en su día le ocurrió a él, mi «apariencia de objetividad», participo a la Comisión Permanente mi decisión de apartarme del conocimiento y resolución del expediente iniciado en relación con la posible suspensión cautelar de funciones del magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón Real».

El entrecomillado pertenece al escrito que la vocal progresista Margarita Robles presentó ayer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que Garzón anunciara su intención de recusarla -a ella, al vicepresidente Fernando de Rosa y a la vocal Gemma Gallego, los dos últimos del grupo conservador- si previamente no se abstienen de participar en la decisión sobre su eventual suspensión cautelar.

Robles, en un escrito de tono tan correcto como sarcástico, decide quitarse de en medio pero no sin antes recordarle a Garzón que eso mismo debió hacer él cuando, tras su salto a la política, decidió regresar a la Audiencia Nacional y reabrir la investigación de los GAL, en concreto el «caso Marey», que acabó con el ingreso en prisión del ex ministro del Interior José Barrionuevo y del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, entre otros cargos del gobierno socialista.

Entre tanto, en el PSOE tomaron ayer el testigo de los elogios a Garzón. El portavoz del Grupo parlamentario, José Antonio Alonso, destacó su «decencia» y criticó a quienes han visto en la declaración del CGPJ reproches al presidente del Gobierno. «¡Faltaría más que no se pueda decir de un juez que es decente!», exclamó. El PSOE madrileño destacó de él su «valentía» y su «independencia».

En su escrito a la Permanente, Margarita Robles niega que sienta «enemistad» por Garzón, con quien dice mantener una «respetuosa relación personal y profesional». De esta forma, rechaza el primero de los argumentos en los que el magistrado se basó para recusarla.

Sí admite el segundo: la coincidencia de ambos «en el ejercicio de funciones», circunstancia que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es suficiente para poner en duda la «apariencia de objetividad» de un juez. Cuando Garzón era delegado del Gobierno para el Plan Nacional contra la Droga, recuerda Robles, ella desempeñaba el cargo de subsecretaria de Justicia. Después fue nombrada secretaria de Estado de Interior, puesto al que, dice, «según varios medios de comunicación de la época, aspiraba el señor Garzón y que al no haber podido conseguir, siempre según tales medios, determinó que abandonara la política y volviera al Juzgado, donde continuó la instrucción de causas que había dejado pendientes».

En su reunión de ayer, la Comisión Permanente tuvo que dejar en suspenso la tramitación del procedimiento sobre la eventual suspensión cautelar de Garzón, pues antes deben aclararse las abstenciones, o en su caso, recusaciones. Resuelta la de Robles, está por verse qué harán De Rosa y Gallego. Fuentes del CGPJ han señalado que el vicepresidente aún no ha tomado una decisión y ven como una opción posible que su compañera rehúse abstenerse, lo que obligaría a tramitar su recusación.

Ocurra lo que ocurra, ya sea por la vía de la abstención o de la recusación, fuentes del CGPJ señalan que la incógnita podría despejarse en el Pleno del 25 de marzo, pues los plazos legales son los mismos. Sólo después, el CGPJ podrá retomar la tramitación del expediente de suspensión de Garzón.

Las mismas fuentes cuentan con que para esas fechas, el Tribunal Supremo ya haya dictado una resolución firme sobre la querella de la memoria histórica, asunto por el que parece más que probable que Garzón se siente en el banquillo de los acusados. De ser así, el CGPJ vería despejado el camino para suspender al magistrado.