Una investigadora revela ante el Juez de la Línea detalles de la estructura con la que los cazatesoros cosechan información
La Guardia Civil inspeccionó en Algeciras el «Odyssey Explorer» en 2007 / AFP
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A pesar de todo lo ocurrido, Odyssey investiga a día de hoy en archivos españoles
con una estructura estable de documentalistas con 30 años de experiencia que trabaja para la industria de cazatesoros.
Todos los archivos españoles que contienen información sobre pecios con metales preciosos han sido objeto de rastreo. Por tanto, la primera vulnerabilidad del patrimonio subacuático son los archivos.
Mapa bien informado
Gracias a la impunidad han investigado buques de Estado históricos, y muchos de ellos buques de pabellón español que se encuentran en aguas españolas. Durante años Odyssey ha estado «probando equipos» en el Mar de Alborán y otros puntos de aguas españolas, en el Estrecho de Gibraltar.
El Sussex, ni buscarlo
Los investigadores han confesado que nunca les pidieron información sobre el HMS Sussex, el único buque que Odyssey tenía permiso para investigar. Pero sospecharon que estaban suministrando información que iba a ser utilizada para actos delictivos. España debe exigir que jamás vuelvan a utilizarse los archivos con el mismo fin y se exija por escrito para qué se realiza cada investigación. Odyssey supone un «ejemplo perfecto» de este uso malintencionado del derecho a la información.
¿Para quién trabajan?
Los investigadores deberían confirmar ante la Administración para qué trabajan en los archivos. En su declaración ante el juez han confesado que omitieron conscientemente esa información de que tabajan para empresas de cazatesoros. De igual modo, han expresado que jamás comprobaron si sus investigaciones tenían como fin proyectos arqueológicos ni si Odyssey tenía permiso para realizar prospecciones, aunque la empresa les dijo que gozaba de todos los permisos necesarios de la Junta de Andalucía
Impunidad cada día
Actuaron impunemente día tras día: aún conociendo el protocolo que han de seguir los funcionarios, (y que es obligado para todo investigador). De hecho, algunos no muestran su credencial en el Archivo de Indias, dado que trabajan desde los años setenta y son perfectamente conocidos por los funcionarios, que muchas veces no se lo exigieron.
La Justicia española da un paso adelante en el caso Odyssey y ha hecho saltar todas las alarmas. Un juez de La Línea de La Concepción ha constatado la absoluta vulnerabilidad de los Archivos españoles y la impunidad con la que el patrimonio histórico es acechado, investigado y puesto en peligro por «investigadores» contratados por las empresas de cazatesoros sin escrúpulos... desde hace 30 años y en el presente con una estructura estable. ¿Podrá el Gobierno poner remedio?
Fuentes cercanas al proceso informaron a ABC de que ayer declararon varios testigos en el caso penal contra Odyssey Marine Exploration (OME) en el Juzgado número 3 de La Línea que investiga a la compañía por presunto contrabando y daños al patrimonio histórico.
Algo muy grave sucede
Ante el juez comparecía Victoria Stapells, la investigadora que ha confesado coordinar a varios espías contratados por OME para cosechar datos en los legajos de nuestros grandes archivos y localizar importantes naufragios. Las declaraciones fueron solicitadas por la acusación particular de los arqueólogos malagueños de Nerea, que se han sumado a las investigaciones de la Guardia Civil para dicho juzgado sobre las actividades de Odyssey a lo largo de años de actividad a ambos lados del Estrecho.
Stapells declaró bajo juramento que sabía que Odyssey es una empresa de cazatesoros puntera y que en su nombre contactó con ella Marc Sullivan, quien le encargó localizar un buen número de naufragios en aguas españolas y en varias partes del mundo. Stapells era consciente de que, con la información que ella suministraba, Odyssey podría localizar dichos barcos, pero lo más importante es que confiesa que, cuando localizaba un barco que no le constaba a la Administración, no lo notificaba, debido a su contrato con Odyssey.
No mencionó a su patrón
La vulnerabilidad de los archivos es tal que Stapells dijo ayer al juez que en el Archivo de Indias ya no le piden acreditación porque ella trabaja desde 1976 y la conocen. Curiosamente, Stapells no recuerda haber mencionado nunca al entrar en uno de estos archivos que trabajaba para OME.
Por otro lado, la investigadora reconoce que ha coordinado a equipos de personas que, como ella misma, han cosechado la información en los archivos públicos y que no le consta que de sus pesquisas Odyssey haya publicado trabajo alguno. OME aún tiene gente trabajando en Sevilla.
Más de 100 naufragios
Tanto de la declaración de Stapells como de la de sus ayudantes se desprende que Odyssey les encargó investigar más de 100 naufragios, y que la empresa sabía perfectamente que «La Mercedes» -el barco expoliado en mayo de 2007- era un barco militar. Entre los archivos a los que Odyssey ha tenido acceso figuran el de Indias, la Biblioteca Nacional, el del Viso del Marqués y el del propio Museo Naval.
El abogado de Nerea, José María Lancho, subrayó ayer a ABC que es el momento de «replantear jurídicamente un espacio de impunidad y la necesidad de que las consultas de los documentalistas expresen si existe una vinculación con empresas dedicadas a actividades de búsqueda y recuperación de bienes de patrimonio histórico. Es necesario también incluir una sumisión expresa en favor de los tribunales españoles», añadió.
