Un día después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, saliera en defensa del juez Baltasar Garzón y de que un miembro del ejecutivo venezolano insultara al también magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido una declaración institucional en la que «exige el máximo respeto, nacional e internacional, hacia la independencia y la función de los jueces y tribunales españoles».

Ni los ataques foráneos a Velasco por sus decisiones sobre la colaboración entre ETA y las FARC al amparo del gobierno de Hugo Chávez, ni los apoyos a Garzón que, al tener como trasfondo los frentes judiciales que se le han abierto, se pueden interpretar como críticas al Tribunal Supremo. El CGPJ considera «indispensable que los comentarios que se refieran a actuaciones judiciales, sobre todo cuando procedan de responsables políticos, se realicen desde las coordenadas de máximo respeto institucional que debe presidir las relaciones entre los poderes públicos, sin tratar de influir en los procedimientos judiciales en curso».

Casos diferentes

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Francisco de Vitoria (FV) coinciden en lo inoportuno de las palabras de Zapatero, que el domingo salió en defensa de Garzón por la «valentía» que ha demostrado frente a la banda terrorista ETA y, salvando las diferencias que hay entre la situación de los dos magistrados de la Audiencia Nacional, guardó por contra silencio respecto al juez Velasco.

Para la APM, insultos tan «altisonantes» como los proferidos contra Velasco por el canciller venezolano Nicolás Maduro -le llamó «mafioso»- merecían una reacción del Gobierno español que dejara claro que «el Poder Judicial en España actúa con total independencia» y que sus decisiones deben ser «respetadas y acatadas». Aunque, en opinión de esta asociación, las descalificaciones provenientes de Venezuela «no van a poner en riesgo la actuación de jueces tan profesionales como los de la Audiencia Nacional».

Antonio García, portavoz de esta asociación, quiso desvincular estas consideraciones de su opinión absolutamente negativa sobre los elogios de Zapatero a Garzón. «Puedo entenderlo si es fruto de un debate en la calle, pero no si viene del presidente del Gobierno. En este caso es una irresponsabilidad», por cuanto la defensa a Baltasar Garzón puede interpretarse como un ataque a la actuación del Supremo, que en un año ha decidido investigar a este magistrado por tres asuntos diferentes.

Coincide con García el portavoz de FV, Marcelino Sexmero, quien destaca que «lo que deben hacer los políticos es guardar silencio sobre los casos sometidos a los tribunales». «Jamás deben criticar a los jueces por su actuación jurisdiccional y siempre defenderles de los ataques que sufran por ello», precisó. en este sentido, quiso dejar claro que tan censurable le parece la intervención de Zapatero como los ataques que Garzón ha soportado del Partido Popular por el «caso Gürtel».

Ignacio Espinosa, portavoz de Jueces para la Democracia, se mostró más condescendiente con el Gobierno. Por un lado, entendió que las declaraciones de Zapatero se producen dentro de «su legítimo derecho a la libertad de expresión» y, por ello, deben respetarse; por otro, compartió la prudencia del Ejecutivo respecto a los insultos de Caracas «pues nos adentramos en un terreno muy delicado al estar en juego las relaciones diplomáticas con otro país».

Lo cierto es que, aunque tardía, la defensa del Gobierno español al juez Velasco llegó ayer por la tarde por boca del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quien aseguró que la «judicatura cuenta con el máximo respaldo y apoyo» del Ejecutivo.

A los insultos había reaccionados horas antes la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, quien tachó de «inaceptable» que se llame «mafioso» al juez.