El juez instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela ha rechazado resolver sobre las pruebas de descargo solicitadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el llamado «caso de las fosas» hasta que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal se pronuncie sobre el auto que rechazó archivar la causa primero, y después, por el recurso presentado contra la causa abierta por la investigación de los crímenes del franquismo.

Así lo dispone el magistrado instructor en un auto que lleva por fecha el pasado 1 de marzo, que ha sido dado a conocer hoy por el Alto Tribunal, en el que dice que «no ha lugar a resolver» sobre las pruebas requeridas por Garzón «en tanto la Sala no comunique la decisión que adopte sobre el recurso de apelación pendiente"»

«Una vez se dé cuenta de la decisión de la Sala sobre la apelación interpuesta, se resolverá sobre la admisión de dichas diligencias», añade.

Entre las pruebas solicitadas por Garzón figura la declaración como testigos de varias personalidades jurídicas y expertos internacionales que, de algún modo u otro, han intervenido en asuntos de crímenes contra la humanidad.

El pasado mes de febrero Varela rechazó archivar la causa abierta a Garzón por un delito de prevaricación, en un auto en el que concluyó que éste decidió conscientemente ignorar u orillar la Ley de Amnistía al declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. A los pocos días, el juez de la Audiencia Nacional recurrió esta decisión al estimar «insostenibles, incomprensibles y sin fundamento jurídico» los argumentos de Varela, informa Efe.

Además de pedir que se dejara sin efecto el citado auto, reclamó la práctica de nuevas diligencias tales como que se cite a declarar a la ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte y al magistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaronni, uno de los jueces que declaró la nulidad e inconstitucionalidad de la Ley de Punto Final que impedía juzgar a los represores del país suramericano.
También la declaración de Juan Guzmán Tapia, el juez chileno que en 1999 procesó a Augusto Pinochet y ordenó exhumaciones de víctimas del dictador, y de Hugo Relva, coordinador del Programa de Justicia Internacional de Amnistía Internacional. Solicitó además que declaren representantes de las Asociaciones de Memoria Histórica, tres magistrados de la Audiencia Nacional que defendieron jurídicamente sus decisiones (José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel), el fiscal jefe de este tribunal, Javier Zaragoza, y el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, entre otros.

El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, reiteró esta petición en otras dos ocasiones.

El fiscal ha pedido al TS que en caso de que la sala rechace el recurso de Garzón se proceda únicamente a la admisión de la declaración de los tres citados magistrados de la Audiencia Nacional.

Las pruebas... ¿son pertinentes? Por su parte, los querellantes -el sindicato ultraderechista Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y la Falange Española de las Jons- no estimaron que los testigos propuestos lo sean de los hechos. Según argumenta el auto, «será pues, una vez recaída la decisión sobre la apelación, cuando este instructor deberá, con la referencia que supone la decisión de la sala, resolver sobre la pertinencia y utilidad de las diligencias interesadas».

Los magistrados de la sala de lo penal que resolverán sobre el recurso de Garzón son el presidente de ésta, Juan Saavedra, Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo, los mismos que admitieron a trámite la querella de Manos Limpias.