Jueves
, 04-03-10
Conocer no ya cuanto ganan nuestros representantes electos en el Parlamento -en la actualidad blindados por la Ley Orgánica de Protección de Datos- o en la Xunta de Galicia y sus empresas públicas, sino saber si su paso por la vida política les sirvió para enriquecerse y engordar su patrimonio o, por el contrario, apenas conservan 900 euros en una cuenta como Francisco Camps.
Esto pretende una proposición no de ley presentada por los socialistas gallegos y defendida ayer por su autor, el diputado José Manuel Lage, que la enmarcó dentro de «las obligaciones que tenemos como representantes y gestores públicos». A su juicio, «la transparencia y la información son claves para incrementar la calidad de nuestro sistema democrático».
El parlamentario de Outes vinculó esta iniciativa a otras de la pasada legislatura como la Ley de Transparencia que regulaba el registro de altos cargos de la Xunta y exigía la publicación en internet de sus retribuciones -incumplida por la propia Presidencia de Pérez Touriño-, «pero la sociedad demanda mayores cotas de transparencia e información, y es nuestra obligación escuchar las demandas sociales identificadas con el interés público».
En concreto, Lage propone la publicación anual a través del Diario Oficial de Galicia o de páginas oficiales de internet de las declaraciones de bienes, actividades, rentas e intereses de todo aquel que perciba un solo euro procedente de las arcas públicas: miembros del Gobierno, altos cargos de la Xunta y su Administración paralela y parlamentarios autonómicos.
Estos datos se harían públicos en el momento de su nombramiento, cese y dos años después de éste, un modo de conocer si el paso por la política ha servido o no a los servidores públicos para algo más que ejercer el noble oficio de representar a sus ciudadanos.
Iniciativa tardía
La propuesta de los socialistas gallegos llega una semana después del escándalo de las dietas por kilometraje percibidas irregularmente por algunos diputados, entre ellos el popular Antonio Rodríguez Miranda y la socialista Laura Seara. Precisamente, la opacidad que rodea los sueldos de sus señorías impidió detallar el importe de las indemnizaciones cobradas. La publicitación de cualquier dato relativo a esta cuestión suponía incurrir en un ilícito penal de revelación de datos protegidos.
No se trata tampoco de una iniciativa innovadora en el panorama estatal. Sin ir más lejos, el código ético interno impulsado por Mariano Rajoy fruto de la «Operación Gürtel» ya recogía medidas similares . Precisamente, la pasada semana se hacían públicos las declaraciones de actividades, rentas y patrimonio de los parlamentarios valencianos. Otras cámaras, como la andaluza, la cántabra o las Cortes Generales, tienen en marcha prácticas similares de transparencia.
