La aprobación definitiva de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sorprendió ayer a los obispos en plena sesión de su Comisión Permanente. La noticia ha causado gran malestar entre la jerarquía de la Iglesia que ya ha anunciado que no claudicará en su empeño de “mantener viva la conciencia de lo que está en juego: el derecho a la vida de los que van a nacer”.

En rueda de prensa, el secretario general de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, aseguró que la nueva normativa impulsada por el Gobierno socialista “debe ser abolida cuanto antes” y anunció que el Episcopado pondrá en marcha una campaña, con motivo de la celebración el próximo 25 de marzo de la Jornada de la Vida.

El portavoz de los obispos no escatimó críticas contra lo que considera “un grave retroceso en la protección del derecho integral a la vida”. Una nueva ley “que da licencia para matar a los hijos”; que “excluye la responsabilidad del padre”; que “deja sola a la mujer ante sus dificultades”; en suma, “un drama que clama al cielo”, fueron algunos de los calificativos a los que apeló el secretario general.

El papel del Rey

Las implicaciones educativas que tendrá la nueva normativa en todos los niveles educativos también preocupa gravemente a los prelados. “Habrá una retroceso en todo lo que significa el respeto a la vida inocente y no olvidemos las restricciones que también pone a la objeción de conciencia de los profesionales”, señaló Martínez Camino, quien saludó la creciente sensibilidad social a favor de la vida que se percibe en la sociedad y que se trasluce en las distintas iniciativas que distintos instituciones y organizaciones están realizando como la próxima manifestación del 7 de marzo en Madrid y Bilbao.

La posibilidad de negar la comunión a los políticos católicos que apoyaron esta ley volvió a surgir hoy en la rueda de prensa con una inesperada novedad. ¿Puede comulgar el Rey si sanciona la ley? El secretario general quiso dejar claro que “la situación de su Majestad el Rey es única, no hay otro ciudadano que se encuentre ante esta situación, por lo tanto no son posibles los principios generales”. “No hay una declaración ni un juicio al respecto de la Conferencia Episcopal. No hay temor a hacerlo pero no es necesario”, añadió Martínez Camino, quien insistió en que la cuestión sobre la que hay que centrar la atención es “en el hecho triste y grave que es la aprobación de esta ley”.