Después de sucesivos recortes de fondos en el negociado de Cristina Garmendia y con casi un año de retraso, el Gobierno ya ha ultimado la nueva Ley de Ciencia y Tecnología
Ley de Ciencia: ¿Menos ladrillos?
La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, conversa con un investigador del Instituto Nacional de Microelectrónica /EFE
Actualizado Lunes , 22-02-10 a las 11 : 05
Menos eslóganes y más realidades es ahora la exigencia unívoca ante la manida proclama del presidente del Gobierno («menos ladrillos y más ordenadores»), en vista de que la pretendidamente decidida apuesta del Ejecutivo por la ciencia (la famosa tríada I+D+i) y el «nuevo modelo productivo» tropieza con la realidad terca de los recortes presupuestarios y los bandazos a los que se ha visto sometido el Ministerio de Ciencia e Innovación, al que, además, se le arrebató inopinadamente la competencia en Universidades a los pocos meses de su creación.
De modo que la nueva Ley de Ciencia y Tecnología, cuyo borrador final será presentado la próxima semana al Consejo General de Política Científica y Tecnológica compuesto por representantes del Gobierno y de las comunidades autónomas, será la «prueba del nueve» para acreditar la solidez de la gestión de la ministra Cristina Garmendia y dejará al desnudo si se pasa del dicho (propaganda gaseosa) al hecho: mejoras tangibles para los investigadores y progreso en la aplicación práctica de sus avances. Un impulso necesario en un paisaje de objetivos incumplidos: la ciencia tenía que suponer un 3 por ciento del PIB español en 2010 y, sin embargo, los cáculos más recientes la situaban en el 1,13, mucho mejor que hace unos años, pero aún por detrás del 1,77 de media de los países de la UE. Y hay en nuestro país ocho investigadores por cada mil habitantes frente a diez, en ese mismo cotejo con la Unión Europea.
La bandera de ZapateroJosé Luis Rodríguez Zapatero ha decidido enarbolar la bandera del «conocimiento» como base de una nueva «economía sostenible», idea con pegada en la opinión pública que ha convertido en su tarjeta de presentación preferida. La ha utilizado incluso ante la Casa Blanca, donde Barack Obama se muestra receptivo al eje del argumentario del Gobierno español: un modelo económico «neocon» supuestamente cortoplacista y especulativo ha fracasado y hay que desarrollar otro, el de la investigación, la innovación, y, de paso, brindar al mundo esas energías renovables en las que España es puntera.
La duda es si tal declaración de intenciones se sustenta sobre los cimientos de una política seria o si se trata, una vez más, de venta de humo. Humo aromático, sí, pero humo. De momento, los titulares que ha propiciado la ley son sugerentes: reconocimiento social y laboral de los investigadores («cambiaremos becas por contratos», se congratula la ministra), creación de una agencia de financiación de los proyectos y mejora del casi inexistente encaje entre la ciencia básica y la industria.
Sucesivos tijeretazosPero la realidad es que la investigación española no puede permitirse más recortes presupuestarios si quiere mantener su gráfica ascendente, ni cargar con la contradicción de un Gobierno que la ensalza como piedra angular para superar la crisis mientras le cierra el grifo de los recursos. Pese a ello, la ministra Garmendia ha insistido esta semana, en relación con la más reciente rebaja padecida, que «una disminución de 28 millones dentro de un presupuesto de 5.000 no es significativa». Y reitera hasta la saciedad que los sucesivos tijeretazos no afectarán «a los proyectos de investigación en marcha, ni a ninguna de las convocatorias del Plan Nacional, ni a ningún organismo público de investigación».
Sin embargo, la coyuntura es más desalentadora en opinión del portavoz de Ciencia y Tecnología del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Gabriel Elorriaga, pues, según sus cálculos, en el último año el negociado de Garmendia ha sufrido recortes presupuestarios «de alrededor de un quince por ciento. Y si el Ministerio argumenta que han sido mucho menores es porque mezcla conceptos». Además, hace notar que ha sido un departamento especialmente penalizado: «Un 30 por ciento del total de los recortes en la Administración central han afectado a Ciencia e Innovación». En concreto, en febrero del año pasado, se le rebajó el presupuesto en 160 millones de euros y en mayo se le detrajeron otros 290 millones.
Circunstancias que vienen ensombreciendo las propias proclamas gubernamentales y poniendo inesperados obstáculos al hecho de que la Ley de Ciencia y Tecnología «no estaba suscitando una especial confrontación política, porque tanto PP como PSOE incluíamos propuestas en la misma línea en nuestros programas electorales. Y otro tanto puede decirse de CiU y PNV. Cuando se nos presentó el llamado “borrador cero” planteamos algunas objeciones no sustantivas». Lo peor es que después han llegado los retrasos: «La ley, que tenía que estar lista para abril, quedó para junio, luego para fin de año y ahora parece que, según ha dicho Zapatero en el debate sobre la crisis, sí que la aprobará el Consejo de Ministros en marzo». Y las razones de ese «atasco», aduce, «son sólo internas. Garmendia ha tenido que luchar mucho más con el resto del Gobierno que con la oposición. Especialmente, con Hacienda, que desconfía de la figura de la agencia de financiación de la ciencia recogida en el borrador de la ley y que es necesaria, pues la investigación no puede estar sometida a la incertidumbre anual del presupuesto».
Inconcreciones de baseSobre el terreno, los científicos de base ven esta ley en ciernes con esperanza. Especialmente, si han sufrido los sesgos y arbitrariedades que caben en el actual sistema, derivado de la obsoleta ley de 1986. El alicantino Ricardo Roche, investigador de la diabetes adscrito al Instituto Carlos III y premio Sols por sus avances en la lucha contra esta enfermedad padeció el sectarismo de la etapa de Bernat Soria y se vio privado de las necesarias ayudas para desarrollar su trabajo, «hecho que me llevó a dudar de mi propia valía para investigar. Y conste que fue un palo a mi vocación, no a mi bolsillo, pues soy funcionario».
Ahora confía en que la ley sirva para «objetivar la ciencia y despolitizarla. En esa línea, la agencia de financiación será un avance». Pese a ello, atisba inconcreciones y debilidades en la nueva normativa: «No resuelve la excesiva burocratización que padecemos. Cuando optamos a un proyecto europeo tenemos que dedicar seis meses a prepararlo». «Tampoco aclara mucho —apunta— cómo implicar más al sector privado, algo que es absolutamente necesario. Porque en España las empresas apenas invierten en I+D+i y por eso estamos como estamos: mientras aquí se generan anualmente 30 patentes por millón de habitantes, Francia, Inglaterra o Alemania estaban en 2008 en 300». «Tampoco queda claro en la ley —apostilla— el papel de las Comunidades Autónomas. O se articula bien ese capítulo o volvemos a taifas». [D7CUADRAT-RO]<SC70,75>

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