En menos de 24 horas después de que la Audiencia le pidiese más pruebas, el juez ha tomado esta decisión
El juez Garzón ha citado a los tres cargos policiales para mañana por la tarde / EFE
Actualizado
Martes
, 16-02-10 a las 21
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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzónha citado para mañana por la tarde a tres policías que participaron en la investigación sobre el "chivatazo" que supuestamente alertó a ETA sobre una operación policial contra su red de extorsión en 2006, han informado fuentes jurídicas. A partir de las 17.00 horas, tomará declaración a al responsable director de la investigación y autor principal del informe incriminatorio, Carlos G., y a dos funcionarios del Grupo VIII de la Brigada Provincial de la Investigación a los que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional identifica con los nombres de "Unai" y "Sugoi", que son miembros de la Brigada Provincia de San Sebastián.
El magistrado ha adoptado esta decisión en una providencia notificada hoy y después de que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de este tribunal le ordenara ayer practicar nuevas pruebas.
En concreto, el juez solicita en su providencia al Cuerpo Nacional de Policía que le facilite los datos de la cabina desde la que el dueño del "bar Faisán" en Irún, Joseba Elosua, realizó las llamadas y situada cerca del establecimiento, así como que informen sobre si estaba intervenida, y si existe una relación de llamadas entre Elosua y Calau Aldanur -miembro del aparato de extorsión de ETA-.
Además, el magistrado solicita la transcripción de las llamadas de la cabina al objeto de conocer si Elosúa tuvo alguna conversación con el etarra
José Antonio Cau, al que se considera enlace de la banda para el cobro del 'impuesto revolucionario'.
Garzón, que también solicita las transcripciones de las llamadas realizadas desde la cabina y desde el teléfono móvil para conocer si Elosúa tuvo alguna conversación con el etarra José Antonio Cau (al que se considera enlace de la banda para el cobro del impuesto revolucionario), cursará comisión rogatoria a Francia una vez que reciba el informe de la Policía para que las autoridades galas le informen sobre si existe algún análisis de las llamadas realizadas los días 3, 4 y 5 de mayo de 2006.
Además, el magistrado preguntará a Francia si el motivo de suspender su intervención en la operación policial contra la red de extorsión de ETA desarrollada el 4 de mayo de 2006 "tuvo por motivo una filtración".
El juez Grande-Marlaska, en el «Bar Faisán», al iniciar la investigación / EFE
Hechos constitutivos de un delito de revelación de secreto El tribunal, compuesto por los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y el ex portavoz del CGPJ Enrique López (ponente), entiende que los hechos son constitutivos de un delito de revelación de secreto y de colaboración con banda armada, "hechos que de ser realizados por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España".
Añadió la sala que "parece que el círculo de posibles autores está y debe estar dentro del grupo de funcionarios policiales que, por una u otra razón, bien directa o indirectamente, tenían conocimiento de la operación que iba a realizarse el 4 de mayo de 2006".
Garzón aceptó el pasado mes de noviembre antes de decidir si archiva o no la investigación abierta que se practicara un análisis pericial de la cinta de vídeo que la Policía grabó en el bar Faisán, pero rechazó otras pruebas solicitadas por las asociaciones Dignidad y Justicia y Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) porque consideró que la actuación de los policías fue "exhaustiva" y "difícilmente superable".
La Fiscalía, por su parte, solicitó el pasado mes de octubre el archivo de la causa al considerar que tres años después de iniciar la investigación no se ha averiguado quién fue el responsable.
La sala, sin embargo, cree que la investigación apunta "en otra dirección" que no ha sido objeto de análisis, ni por parte de la Fiscalía, ni por la de la Policía Judicial no por la del instructor. En este procedimiento se investiga la filtración llevada a cabo por una persona que el 4 de mayo de 2006 advirtió al propietario del bar Faisán, Joseba Elosúa, posteriormente detenido, de que estaba siendo objeto de vigilancia e investigación y que podía ser arrestado ese mismo día.
