Su cartera ha sufrido a fondo el plan de ahorro del Gobierno, pero Blanco cree que es cuestión de prioridades: «Si tengo que dejar de hacer un kilómetro de autovía para que un parado pueda cobrar el paro, lo haré»
Hay quien dice que José Blanco (Lugo, 1962) es el hombre que inventó a ZP. Fuera así o no, de lo que no hay duda es de el actual ministro de Fomento es un hombre que lleva el instinto del poder en el ADN. Ahora tiene en sus manos el presupuesto para infraestructuras del país y, en su mente, toda la estrategia del PSOE de los dos próximos años.
-¿Sabe el Gobierno cómo salir de la crisis?
-Por supuesto. El Gobierno tiene una hoja de ruta clara: construir un nuevo modelo de crecimiento. Cuando escucho a algunos líderes políticos decir que la solución es volver al pasado, me pongo a temblar. Lo que necesitamos es menos especulación y más emprendimiento. El plan se podría dividir en tres temas. El primero, combatir la crisis y el peor de sus efectos, el paro. El segundo, impulsar nuevas iniciativas que poco a poco vayan cambiando el modelo de nuestro país, eso sí, siendo perfectamente conscientes de que es algo que no se consigue de un día para otro. Y tercero, seguir manteniendo la protección social de aquéllos que tienen más dificultades, pues es un elemento cohesionador del país.
-¿Y es sostenible la protección social cuando el mercado pide a gritos un ajuste del déficit?
-Sí. Nuestro proyecto es recortar hasta 2013 un total de 50.000 millones el gasto total del Estado para preservar la política social y, dentro de lo posible, mantener la inversión productiva. Eso, sin duda, conllevará hacer esfuerzos, ajustes y sacrificios. Yo tengo una cosa muy clara: si tengo que dejar de hacer un kilómetro de autovía para que un estudiante pueda tener su beca, para que una persona dependiente pueda tener garantizada su protección o para que un desempleado pueda cobrar el desempleo, dejaré de hacer el kilómetro de autovía.
-¿Recortará usted la inversión?
-No. Es posible mantener en el mercado los 30.000 millones de obra licitada y pendiente de ejecutar que tenemos ahora. Y pretendo mantener estos dos años el nivel. ¿Cómo? Poniendo encima de la mesa un plan de colaboración público-privada que va a permitir sostener la inversión productiva, que es la gran generadora de actividad económica y empleo. Además, no va a computar en déficit. Sí es posible dar respuestas.
-¿Sufrirá ajustes este plan tras el plan de austeridad?
-Yo voy a hacer una reprogramación y una parte de la obra pública prevista se hará a través del plan de colaboración público-privada.
-Pero esto ya estaba previsto.
-Sí, pero probablemente sea más ambicioso. Mi prioridad es el transporte ferroviario en su doble vertiente, pasajeros y mercancías. Mantendré intacto el compromiso con la alta velocidad en los términos que estaban diseñados en el plan del Ministerio, aunque revisaré algunas actuaciones incluidas en el Plan Especial de Infraestructuras y Transporte. Hay proyectos que no tengo ninguna intención de desarrollar porque son infraestructuras con un enorme coste, un impacto medioambiental tremendo y sin rentabilidad económica.
-¿Como por ejemplo?
-No tiene sentido desarrollar la alta velocidad desde Asturias hasta Galicia. A Asturias llegará por León. Hay que hablar con claridad. El problema no es hacer las infraestructuras, sino mantenerlas. Y en un mercado cada vez más liberalizado, para poder tener empresas que operen sobre las infraestructuras, hay que garantizarles una rentabilidad. Por ello voy a presentar este primer trimestre un plan con las comunidades para impulsar el transporte ferroviario de mercancías. Esta es la apuesta por el desarrollo sostenible.
-¿Y las autovías?
-Habrá que priorizar. Se terminarán los ejes que están pendientes de concluir antes de comenzar nuevas iniciativas. Corredores como, por ejemplo, la ruta de la plata o la autovía del Duero.
-¿Ha conseguido la colaboración firme del sector privado?
-Sí. Habrá que ver proyecto a proyecto, pero las grandes líneas ya están cerradas. También están de acuerdo las grandes instituciones financieras, el BEI y el ICO. No obstante, también quiero comentarlo con las comunidades autónomas y con las fuerzas políticas. Nosotros sacaremos a concurso proyectos muy ajustados y muy medidos para garantizar su viabilidad, incluso en materia de alta velocidad, algo que nunca antes se había hecho. Las mejor garantía es la viabilidad del proyecto
-El Gobierno ha abordado el sistema de pensiones, precisamente, porque no era sostenible. ¿Harán falta más reformas?
-Si hay algo con lo que está comprometido este Gobierno es con las personas y con sus derechos. Por ello hemos hecho una reflexión: para garantizar las pensiones de los hijos de los actuales pensionistas tenemos que hacer ajustes. Por algo tan elemental como lo siguiente: la expectativa de vida de un pensionista en los años 60 era de cinco años y ahora está entre 15 y 20 años de media. Pero no sólo es la ampliación de la edad de jubilación. Habrá que abordar más reformas, como todo lo vinculado a las prejubilaciones.
-¿Planteará el Ejecutivo más novedades en esta línea?
-No, nuestra propuesta ya está hecha. Pero el Gobierno tratará de encontrar un mínimo común denominador que conjugue una salida que satisfaga a todos.
-¿Cómo es la relación entre los ministros Salgado y Corbacho?
-Serán ellos los que le puedan responder. Yo veo que hay buena química en el Gobierno en su conjunto.
-¿Sucederá usted a Zapatero?
-Eso es un disparate.
-¿Y Solana? ¿Planteará una candidatura alternativa?
-Es la primera vez que me aproximo a un comentario así. Ni me consta, ni veo que Solana se postule.
—¿Habrá negociaciones con los controladores tras el decreto?
—Hemos dicho a los controladores que estamos dispuestos a abrir un diálogo para que haya un nuevo convenio de acuerdo a los parámetros que establece el nuevo decreto y las reuniones comenzarán en un plazo de 15 días.
—¿Cómo cree que van a evolucionar las negociaciones con los controladores?
—Tenemos abierta la mesa de diálogo, queremos acordar. Hay mucho ruido sobre esto. Pero es que hay temas preocupantes. Nadie puede obviar que han estado cobrando ilegalmente.
—¿Ilegalmente? ¿Por qué?
—Sí, desde el año 1999, año tras año, un informe de la intervención general del Estado ha cuestionado sistemáticamente el pacto extra-estatutario que se había firmado.
—¿Cómo han influido las retribuciones de los controladores en el déficit de Aena?
—Los números rojos de Aena no se deben sólo a los controladores. La mayor de parte de su déficit se deriva de la gran inversión que hemos hecho para tener unos grandes aeropuertos. Porque, es verdad que Aena tiene un saldo negativo de 12.000 millones, pero es que sólo entre el aeropuerto de Madrid y el de Barcelona hemos invertido 11.000 millones. Eso sí, bajo el paraguas de un plan de amortización de esa deuda.
—¿Cuál ha sido la rentabilidad de pagar estos sueldos en vez de contratar a nuevos controladores?
—Un sistema no es eficiente con 1.200 horas de trabajo, cuando la media europea está en 1.700. Si eso sucediera en las empresas privadas, no habría ninguna que aguantara. No se trata sólo de reducir el salario real que cobran, sino de bajar los costes de navegación, es decir, la masa salarial.
—¿Está tranquilo ante la cercanía de Semana Santa?
—El decreto garantiza la continuidad del servicio y no contemplo que se produzcan situaciones que dificulten la prestación del servicio. Pero en nuestro país las huelgas son legales y, si la convocan, tendrán todo derecho a ella. Lo que no vamos a consentir de ningún modo son huelgas de celo encubiertas, ilegales.
—¿La vía del decreto de los controladores se podría extender a otros colectivos?
— No. Es una medida excepcional para una situación excepcional. Y así lo han interpretado la mayoría de los partidos políticos.
—¿En qué situación está la venta del 30% de Aena?
—El modelo de gestión aeroportuaria tiene varias fases. Primero, disminuir los costes de navegación aérea, que se hará en el primer trimestre de este año. Y segundo, definir la gestión de Aena. Presentaremos antes de junio una ley en la sede parlamentaria al respecto y plantearemos construir una sociedad mercantil, que podrá tener filiales. Cuando se apruebe dicha ley abriremos las puertas al capital privado.
—¿Podrán participar en la gestión?
—Participarán de la gestión en la medida que pasen a conformar los consejos. Ya ha habido fondos de inversión y empresas que se nos han aproximado y les hemos respondido que aún no sabemos cómo vamos a hacer el proceso.
—¿Es posible una mayor austeridad en la Administración Pública?
—Buscar una mayor eficiencia y austeridad en la Administración Pública es posible, pero, por ejemplo, el tema de suprimir un Ministerio o dos, sobre el que se ha estado hablando estos días, es el chocolate del loro. He anunciado un plan de austeridad del grupo Fomento que va a recortar el gasto corriente, los cargos directivos, unificar las empresas públicas y buscar una mayor eficiencia. Tengo el objetivo de hacer más, o al menos lo mismo, con menos recursos.
—¿Eso significa que habrá ceses?
—Habrá ajustes y, por tanto, supresión de cargos directivos.
—¿Y ajuste de sueldos?
—Efectivamente. Vamos a buscar la eficiencia de todo el grupo. No estoy hablando de dos euros, estoy hablando de hacer una reforma en profundidad.
