Castilla y León es la primera región en regular el acceso de los discapacitados a los monumentos
FÉLIX IGLESIAS
VALLADOLID. El disfrute de la cultura, de los obras de arte y del patrimonio monumental es para algunas personas aún un hecho excepcional, no tanto por condicionamientos socioeconómico como por su discapacidad motora, auditiva, visual o intelectual. Conseguir normalizar el acceso a esos bienes culturales es el propósito del Libro Blanco de Accesibilidad de las Personas Discapacitadas a los Monumentos que elabora la Consejería de Cultura y Turismo en colaboración con Aspaym.
Este proyecto pretende que las personas con discapacidades, en la medida de lo posible, no encuentren obstáculos en sus visitas a los monumentos de la Comunidad Autónoma.
Accesibilidad universal
Para el director general de Patrimonio Cultural, Enrique Sáiz, es «una apuesta por la accesibilidad universal de una forma integral», aspecto esencial en las líneas maestras de su departamento para la conservación y puesta en valor del patrimonio monumental y artístico castellano y leonés.
En este mismo sentido, se pronuncia el presidente de Aspaym en Castilla y León, Francisco Sardón, quien considera que esta iniciativa supone «realizar un esfuerzo de normalización social», si bien reconoce que en materia de patrimonio artístico y monumental no se puede llegar hasta la última reivindicación en el campo de la accesibilidad. De hecho, el Libro Blanco «no es una normativa de obligado cumplimiento», sino que tiene «la doble finalidad de identificar aquelllos monumentos que cumplan unos requisitos de accesibilidad mínimos y proponer mejoras de accesibilidad en aquellos que no lo cumplan, pero nunca de obligado cumplimiento», recalca el director general de Patrimonio Cultural.
Desde un primer momento se descartó realizar una normativa reglamentada de la accesibilidad, como ocurre en las viviendas o centros sanitarios.
En el patrimonio monumental, la complejidad, cuando no imposibilidad, de replantearse la actual normativa en esta materia, muy garantista en cuanto a la integridad de los bienes culturales, podría llevar a bloquear cualquier tipo de accesibilidad a los discapacitados, ya que la aplicación estricta de normativas que priman aspectos como la estética integral impedirían cualquier alteración de su estado. Además, las normativas nacionales y regionales están sometidas a las emanadas de la Unión Europea, en el caso de España.
De todos modos, tanto Sáiz como Sardón reconocen que los beneficiarios de este proyecto son conscientes de los límites a la hora de adaptar la accesibilidad a palacios, castillos, templos o yacimientos arqueológicos.
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