ABC ha informado recientemente del propósito de una prestigiosa universidad pública norteamericana de instalarse en la Comunidad de Madrid, para desarrollar un campus capaz de albergar a unos 20.000 estudiantes. Noticias así no deben pasar desapercibidas, especialmente en nuestros ambientes educativos, tan sobrados de burocracia y discusiones estériles, al tiempo que necesitados de apuestas de futuro acordes con la tendencia de los tiempos. Vengo sosteniendo que la potencialidad de nuestras universidades públicas, para desarrollar una tarea de vanguardia, es mucho mayor de la que se le permite desplegar. Naturalmente que también se podría plantear una oferta permanente más atractiva para estudiantes extranjeros, al tiempo que promover centros en otros lugares del mundo.

Cuando se discute sobre un pacto educativo, urge llamar la atención sobre el problema de fondo de nuestro sistema universitario público, cuya actividad está demasiado condicionada por grupos de intereses. Con las normas actuales, no es lógico pensar que se vaya a mejorar la selección del profesorado ni a fomentar su movilidad, algo esencial para la Universidad.

Tampoco resultará fácil dinamizar la gestión en forma de proyectos más creativos. Mientras tanto, se promueven universidades privadas incluso desde instancias públicas, lo que refleja su insatisfacción con muchas facetas de la universidad de la que el sector público es titular. Nada que oponer, en mi criterio, a iniciativas privadas en la educación superior, que ya están consagradas por la ley en nuestro país. Todo ello siempre que se garantice la calidad de la tarea. Pero la universidad pública debe tener también opción a desarrollar nuevos emprendimientos y a competir en ese mercado global. Nada de esto será posible sin una reforma de la ley universitaria, el pacto en discusión debería incluirla.

Catedrático de la

Universidad

Complutense