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Martes
, 09-02-10 a las 22
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Los recortes en el gasto social, aprobados por la izquierda alemana en 2005, son contrarios a la constitución federal al no garantizar “el derecho a una existencia digna”. Los jueces establecen además la diferencia entre un niño y un adulto, no siendo el primero “un mero porcentaje” del segundo.
El tribunal constitucional en Karlsruhe ha puesto plazo hasta diciembre para revisar los cálculos fijados en el paquete de reformas del gobierno SPD-verde, conocido como Hartz IV, con el que se buscó flexibilizar el mercado laboral y racionalizar el sistema de ayudas sociales.
Saliendo primeramente en protección del niño, el tribunal estima que las cuantías consignadas serían “incompatible con el artículo 1º, párrafo 1º de la Ley Fundamental”, según su presidente Hans Jürgen Papier; los baremos empleados fijarían un recorte social a los hijos que no garantizarían “suficientemente según la constitución” dicha “existencia digna”.
La reducción de ayudas en 2005 pretendía combatir situaciones de abuso y paro crónico, unificando y condicionando los sistemas sociales, de empleo y de reciclaje laboral; del sistema han dependido en 2009 6,5 millones de personas, de los que 1,7 millones son niños.
El Hartz IV ha sido tan contestado popularmente como elogiado; se acusó al gobierno rojo-verde de arrojar a la precariedad a las capas más débiles, especialmente hijos de padres solteros; pero los expertos reconocen que habría ayudado a la economía a atravesar, la peor crisis desde la guerra, sin perder apenas puestos de trabajo, al desconectar por primera vez el crecimiento del PIB de la evolución del mercado laboral.
Pero Su aprobación dio lugar al mayor cisma sufrido en el partido Socialdemócrata (SPD) desde la segregación e irrupción de los Verdes en 1980. El ala sindicalista e izquierdista ha terminado uniéndose a los ex comunistas del Este en La Izquierda, detrayendo un porcentaje importante de voto y militantes al SPD.
Sin embargo, las reacciones al fallo han sido positivas y todas las fuerzas han respetado la necesidad de adecuar su reglamentación a la constitución, aunque se sabe que puede suponer un importante gasto añadido al presupuesto más endeudado de la historia de la RFA. El programa ha costado al contribuyente 45.000 millones en 2009
“El fallo es incontestable y la sociedad va a tener que pagar”, ha dicho la ministra de Trabajo y Asuntos Sociales. El tribunal critica los cálculos supuestamente “a ciegas” y pide una reestimación de las ayudas, de “un modo transparente y apropiado”. Los expertos advierten que los beneficios para la mayoría están por ver y el portavoz de Hacienda, Michael Offer, recuerda que “se pide calcular bien, no aumentar cantidades”. El instituto IAB de Berlín calcula que una elevación de la ayuda mensual en 60 euros (de 359 a 420) añadiría al presupuesto otros 10.000 millones.
