La pésima gestión de la liberación de los tripulates del atunero vasco «Alakrana» el 17 de noviembre de 2009, secuestrado por piratas somalíes, ha dejado más de una herida abierta en el seno de las Fuerzas Armadas y ha puesto de manifiesto las difíciles relaciones entre los dos servicios de inteligencia que participaron en la resolución del conflicto: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas).

Las heridas en los Ejércitos han comenzado a ser más evidentes desde que el 26 de enero, la ministra de Defensa, Carme Chacón, cesó fulminantemente al teniente coronel J.C.A., jefe de área de África Subsahariana del Cifas, y autor del informe militar confidencial que desaconsejaba la detención de los dos piratas, como después se hizo. El motivo oficial de la destitución era la pérdida de confianza sobre este militar, pero las fuentes consultadas por ABC apuntan a que hay algo más.

Por un lado, estas fuentes indican que se le cesó tras la filtración del citado informe confidencial a un medio de comunicación. Algunas fuentes señalan que el Jemad ordenó iniciar una investigación para saber desde dónde había partido esta filtración. Se realizó un seguimiento de todos los ordenadores y se apuntó a J.C.A. como responsable. El resultado fue su destitución.

Otras fuentes aseguran que la causa de su cese fue que el informe no gustó a los responsables políticos y que, por ello, se apartó al teniente coronel. Esta causa es la que más malestar ha provocado en las Fuerzas Armadas, ya que fuentes militares aseguran que J.C.A. ha sido el «cabeza de turco» de la mala gestión y aseguran que «si los políticos quieren informes a la carta, que lo digan». En este sentido, militares consultados por ABC se lamentan de que «así se paguen las lealtades» y que, en estos momentos, en las Fuerzas Armadas hay «mucho miedo» a realizar informes militares y que, incluso, no quieren firmarlos, remitiéndoselos a los mandos para que sean ellos los que den la cara.

Al margen de la indignación que hay en los cuarteles por el cese del teniente coronel, su destitución también podría estar vinculada a la guerra que existe entre los dos servicios de inteligencia (CNI y Cifas) y al uso que, de uno y otro, hace el Gobierno. En esta disputa es donde sitúan algunos militares el cese del teniente coronel.

Al parecer, el informe que el Ministerio de Defensa encargó al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas no llegó nunca a la mesa de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Pero el del CNI sí, ya que se ajustaba más a los intereses políticos del Gobierno, al proponer la detención de los dos piratas. Siempre según la versión de las fuentes consultadas por ABC, «tras el desastre de la resolución de la crisis del «Alakrana» y airearse en los medios de comunicación el informe del Cifas» Fernández de la Vega conoció el informe y mostró a Chacón su malestar por no haber tenido conociemiento del mismo a la hora de tomar decisiones.

No es el primer choque

El encontronazo de estos dos servicios de inteligencia no es la primera vez que se produce, ya que ha sucedido en otra ocasiones, como son las misiones internacionales en las que participa España, donde el intercambio de información no se realiza con la fluidez necesaria. En algunos sectores políticos e incluso en el CNI hay un cierto interés porque no exista «inteligencia militar», «ya que no le gusta que existan informes de inteligencia que difieran de los suyos», comentan las fuentes consultadas. Incluso en el seno del CNI se baraja la posibilidad de integrar a la inteligencia militar dentro de su estructura.

El hecho de que en el asunto del «Alakrana» participaran Fernández de la Vega y Chacón, supuestamente enfrentadas en sus ambiciones personales, añade un matiz político a la crisis del «Alakrana». Además, otro elemento a tener en cuenta es que el teniente coronel cesado fue ayudante de Bono.