Ariadna Jové Martí está en libertad desde última hora de esta tarde, aunque el proceso por su arresto la madrugada del pasado domingo en Ramala a manos del Ejército israelí no ha terminado.

La activista catalana abandonaba la cárcel junto a su compañera, la australiana Bridgette Chappel, previo pago de sendas fianzas de 590 euros y bajo la prohibición de volver a Cisjordania, aunque ambas deberán permanecer en Israel a la espera de un juicio. Tal decisión era adoptada por el Tribunal Supremo durante una vista celebrada por la mañana en la que el representante del Estado, Ilil Amir, defendió los motivos de los arrestos, aunque advirtió que se hicieron de forma improcedente puesto que las jóvenes fueron entregadas por los soldados judíos a la policía del Ministerio del Interior en suelo palestino, y no en Israel, como ordena la legislación.

Sin poder ocultar su alegría, Omer Shatz, abogado de las activistas subrayó en declaraciones a ABC que es “la primera vez que un tribunal israelí dice que la policía de Inmigración no tiene autoridad en los Territorios Ocupados”. “Se ha reconocido la ilegalidad de sus detenciones porque se han producido en una Zona A, de exclusivo control palestino según los Acuerdos de Oslo y ahora, -añadió- sólo falta que se ratifique en el juicio para que las dos puedan regresar a Ramala y esa limitación se aplique para siempre”.

Ariadna Jové está amenazada de deportación, acusada por Israel de no tener el visado en regla y de “actividades ilegales” que no han sido concretadas, pero que remiten a su pertenencia al Movimiento de solidaridad Internacional (SMI), muy involucrado en las protestas periódicas contra el levantamiento del muro en Cisjordania. En los últimos diez meses, otros cuatro activistas internacionales de este colectivo han sido detenidos por las Fuerzas judías, dos de los cuales fueron expulsados del país.