ANA M. DÍEZ José Blanco, a la derecha, ayer, en León
Domingo
, 07-02-10
Los sindictos UGT y CC.OO. han mostrado su preocupación porque el real decreto ley aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, que transfiere a Fomento la organización del trabajo de los controladores aéreos, pueda «sentar un precedente» y se extienda a otros colectivos dependientes también de un ente público, como Renfe.
En declaraciones a Ep, un portavoz de UGT calificó el decreto de «completa vulneración» al convenio colectivo de los controladores y avanzó que el sindicato liderado por Cándido Méndez planea acciones legales para recurrir dicha medida. «A partir de ahora, cualquier trabajador puede ver que su convenio con la Administración se rompe por decreto», se resignó.
Así, desde UGT lamentaron la «improvisación» del titular de Fomento, José Blanco, y del presidente de AENA, Juan Ignacio Lema, a quienes acusaron de «pensar sólo» en subrogar los contratos de los controladores. «Ya no nos fiamos de ellos», aseguró.
De cara a la reunión que mantendrán los sindicatos con Fomento el próximo día 24 de este mes, las mismas fuentes recalcaron su desconfianza hacia el Ejecutivo y se preguntan que «¿si no les gusta lo que negociamos, volverán a recurrir a un «decretazo»?». Por su parte, desde CC.OO. insistieron en que apuestan por la vía de la negociación y criticaron que la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) «eche un pulso» a la Administración sobre sus salarios. «No han valorado bien la situación y se han metido en un posición de difícil salida», dijeron.
Sobre este asunto, el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, reclamó ayer al conjunto de las fuerzas políticas la aprobación del real decreto, una petición tomada con «responsabilidad» que permitirá establecer la «justicia y la equidad y hacer viable el sistema de navegación aérea».
Horas extras a precio de oro
Blanco alegó que su decisión se justifica en la voluntad de regular lo contemplado en el Estatuto de los Trabajadores, que recoge un máximo de 80 horas extraordinarias, ya que «no hay derecho a que los controladores cobren 600 horas a precio de oro».
Este «decretazo», que evitará que los controladores puedan acceder a una licencia especial retribuida a los 52 años, «es una decisión necesaria, que va a salir adelante», porque confía en que el Congreso de los Diputados convalide la iniciativa, que repercutirá en las tasas y, por lo tanto, en el precio de los billetes. «Confiado de que va a ser compartida por la mayoría de las fuerzas políticas», el ministro espera que con su aprobación se garantice la certidumbre aeroportuaria.
