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España, en el desconcierto total

Cada vez que Zapatero abre la boca, la situación va a peor. Primero fue una medida de impacto como retrasar la edad de jubilación, de 65 a 67 años; después donde dije digo, digo Diego con sus reformas de pensiones enviadas a Bruselas. Todo ello con el objetivo de sacar a España del pelotón de los torpes, de desligar nuestra economía de la resentida Grecia. Pero los constantes titubeos, la marcha atrás y la cesión a las presiones, sobre todo de los sindicatos, tuvieron el efecto contrario porque malo es no presentar un plan, pero aún peor es presentarlo y a las seis horas retirarlo. Resultado: desconfianza de los mercados y de los ciudadanos.

A esta secuencia de despropósitos se une la falta de autoridad moral de la clase política para aplicarse la misma receta de ajuste que el resto de los mortales. Con las propuestas de recorte de pensiones diseñadas por el Ejecutivo, «invitando» a los españoles a jubilarse dos años más tarde, no es de extrañar que el modelo deseado sea el aplicado a ministros, diputados, secretarios de Estado o, incluso, presidente del Gobierno. ¿Por qué? Pura matemática.

Los privilegios

En la jubilación está la cuestión, la diferencia... y el gran privilegio. Mientras un ciudadano debe cotizar 35 años para cobrar la totalidad de la base reguladora de la pensión a la que tiene derecho, a los altos cargos antes mencionados les basta con poner la mano sobre la Biblia y recibir una lluvia de flashes de fotógrafos al jurar su cargo para acumular al menos siete años de ejercicio y así poder obtener la pensión máxima. Concretamente, si su mandato es de siete a nueve años, tienen derecho al 80%, si es de nueve hasta once años, cobrarán el 90% y en el mejor de los casos, si trabajan por más de once años recolectarán el 100%. Es decir, que mientras la cuantía de la pensión de cualquier trabajador se determina según su cotización a la Seguridad Social durante los quince últimos años de vida laboral, sin que se tenga en cuenta periodos anteriores, los diputados y senadores tienen garantizada la pensión máxima (2.466,20 euros al mes) con once años de actividad.

Pero aún hay más. Mientras un ciudadano nunca podrá recibir dos salarios en su pensión, un ministro, senador, ex ministro... tiene el privilegio de percibir entre dos y tres salarios del erario público.

¿Seguimos? Adelante: todos los contribuyentes deben tributar por sus ingresos, pero un tercio del sueldo de los cargos políticos no está sujeto al IRPF, se considera indemnización para gastos de su cargo.

¿Por qué existen estas diferencias abismales entre las jubilaciones de unos y otros? ¿Es correcto mantener una normativa que privilegia a unos pocos cuando desde el mismo Gobierno se habla de contención en el gasto y se pide esfuerzos a la población para que se «ajuste el cinturón»?

Ejemplos de austeridad

Javier Díaz, profesor de Economía del IESE y colaborador de Fedea tiene claro que no deberían existir privilegios. «La Constitución española establece que todos los españoles somos iguales ante la Ley. No hay ninguna razón por la que los políticos, ni nadie deba tener indemnizaciones o pensiones especiales». Añade que la mejor opción sería que se le pagara a los políticos toda su compensación económica en concepto de sueldo, de esta forma los contribuyentes sabríamos exactamente cuánto nos cuestan sus servicios. «Dar ejemplo de austeridad siempre es bueno -asegura-. El sacrificio propio es el que nos permite exigir a los demás».

Para Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico y consultor del Banco de la Reserva Federal de Chicago, los sacrificios deben generalizarse en época de crisis. Es partidario de una reflexión sobre lo que cuesta mantener estructuras privilegiadas frente a un Estado que tiene que soportar excesivos gastos y un paro de casi el 20%. «Todo lo que puedan reducirse los costes burocráticos superfluos será bueno para el Estado y para todos», explica, aunque también precisa que no cree que exista de modo generalizado una burocracia privilegiada.

Sobre la reforma de las pensiones, Carbó cree que el debate habría que haberlo abierto antes «porque requiere del máximo consenso, ya que despierta las sensibilidades de diferentes agentes y de la sociedad». En todo caso, piensa que lo anunciado por el Gobierno es un paso en la dirección correcta. «En la propuesta subyacen algunas ideas que parecen lógicas, si bien, aún pueden matizarse».

Excepciones a la regla

El director de análisis del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo, apunta que hay que partir de la idea de que el Estado de Bienestar debe garantizar las rentas a los más necesitados sin desincentivar a los que no lo necesitan. «No hay justificación de excepciones a estas reglas. Si un político cotiza tiene derecho a una pensión, pero no a un valor muy superior al resto de los cotizantes, quebrantando el principio de equidad. Los políticos deberían dar ejemplo».

Cordura en este dislate es la que ha puesto el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco. Esta semana se pronunciaba a favor de que se revise el régimen de pensiones del que disfrutan diputados, senadores y funcionarios con cargos públicos, así como otras situaciones donde falte equidad. «Estoy dispuesto a asumir los errores. No debe haber excepciones dentro de los parámetros de sostenibilidad, futuro y equidad de las pensiones», aseguraba Blanco.

La polémica no es nueva, pero ahora los privilegios que acumulan nuestros políticos se hacen más llamativos, e incluso indignantes, como ya califican muchos analistas, teniendo en cuenta que la tasa de paro roza ya el 20%.

Los sonados casos

Sonados ejemplos de «privilegiados» que han saltado a la opinión pública no faltan. El ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, comenzó a cobrar el pasado mes de marzo, al abandonar su cargo, la nómina de diputado por Murcia. Percibía 3.647,61 euros mensuales por la denominada asignación constitucional, y otros 2.127,84 como indemnización por gastos de función. Esta última cantidad es «para afrontar los gastos de alojamiento y manutención en la capital (Madrid) que origine la actividad en la Cámara. Además, este complemento está exento de tributación a Hacienda. Es decir, que finalmente se embolsa 5.775,45 euros al mes. En esta cifra no se incluye el salario en especie que le supone que la Cámara abone en su nombre las cotizaciones al régimen de clases pasivas, al que pertenece como fiscal de carrera.

En el caso de Pedro Solbes, su sueldo actual incluye 2.400 euros por haber sido diputado, por dejar su cartera como ministro recibe otros 5.000 euros al mes en concepto de indemnización durante dos años. A ello se suma un sueldo por haber sido comisario europeo de Asuntos Económicos, lo que supone otros 4.000 euros.

Otro ejemplo. Tras abandonar el FMI, Rodrigo Rato regresó a España con una pensión vitalicia de 80.000 dólares anuales. Sumados al sueldo de ex ministro, en 2006 percibía 37.070 euros mensuales.

El ex lehendakari recibe 45.000 euros al año, la mitad de lo que ingresaba cuando era presidente. Y lo cobraba de por vida, igual que todos los miembros de su Ejecutivo. Este tipo de jubilaciones están muy por encima de la pensión media, que no supera los 32.000 euros anuales, por mucho que hayan cotizado toda su vida.

Los privilegios que disfrutan los parlamentarios se marcaron en junio de 2006 en el reglamento de pensiones parlamentarias, abonadas por las Cortes a quienes hayan sido miembros del Congreso o del Senado durante al menos siete años. De esta manera se daba respuesta a los casos en que los parlamentarios no alcanzaran el límite máximo de pensiones públicas, puesto que las Cámaras abonarían la diferencia entre ese límite de pensión máxima y la pensión percibida por el diputado.

Estatuto de los ex

Para trato privilegiado el que disfrutan los ex presidentes del Gobierno. El Real Decreto 405/1992 , de 24 de abril, regula el Estatuto de los ex presidentes. En él se establece que podrán tener a su servicio dos empleados, una dotación para gastos de oficina, atenciones de caracter social, como alquileres de inmuebles. Contará con un automóvil, conductores y servicios de seguridad. Tampoco hay que olvidar que los ex presidentes pueden disfrutar del libre pase en todas las compañías de transporte.

«Es absolutamente necesario suprimir estas diferencias -asegura José Barea, catedrático Emérito de Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid-. El régimen de pensiones debe ser igualitario, no quiero decir con ello que todo el mundo cobre lo mismo, pero sí en función de su base reguladora. Las reglas del juego deben ser iguales para todos y deberíamos tener un régimen general de la Seguridad Social igualitario, ya sea uno albañil, catedrático o político».

A pesar de que Barea considera que el Gobierno debería aprovechar la situación actual para modificar el sistema de pensiones, «no tengo ninguna confianza en que realice ningún tipo de propuesta». De momento, el catedrático Emérito, recuerda que ya en 1995 realizó un estudio en el que advertía que el sistema de pensiones no era sostenible y que entre 2015 y 2020 entraría en déficit. «Se han adelantado las fechas por la crisis y también por la dejadez de los políticos, que no han hecho nada en materia de pensiones por el miedo a perder los codiciados votos».

Juan Velarde aboga también por revisar pensiones e indemnizaciones de los políticos, obligados por la necesidad de recortar el gasto público y de bajar todas las remuneraciones, altas y bajas. Pero puntualiza que «creer que una reorganización de gastos puede hacerse de modo perfecto por ahí, y no por el lado impositivo es absurdo».

Respecto a la reforma de las pensiones presentada por el Gobierno dice que «más que una propuesta económica perfecta es un arbitrio, debido a una situación angustiosa. Pero precisa que no tiene posibilidad de «ser algo que tenga vinculación con las necesidades económicas del momentos». La reforma -prosigue- debe plantearse dentro de una reforma general del Estado del Bienestar, enmarcada a su vez en una reforma general presupuestaria».

Enrique Martín, adjunto a la secretaría confederal de Seguridad Social y Previsión Social complementaria de CC.OO., añade que los retos que se plantean para el sistema de pensiones no pueden superarse apelando a un recorte en la protección social de los trabajadores. «Al contrario, hemos promovido siempre reformas consensuadas orientadas al reforzamiento de la Seguridad Social para que se garantice las sostenibilidad del sistema y la ampliación y mejora de la protección social que ofrece a los ciudadanos».

El PP ya ha anunciado que exigirá la semana que viene al Congreso un recorte del 25% en el número de altos cargos que existen en el Gobierno. Una medida, sin duda, que ayudaría a recortar gastos en línea con la austeridad que se está pidiendo a los ciudadanos. La proposición no de ley que el grupo popular presentará ante la Cámara Baja, se recuerda que el número de altos cargos y asesores ha aumentado hasta un 20% desde que ZP llegó al Gobierno en 2004.

Entre tanto, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, defiende la acción del Gobierno al proponer el retraso de la jubilación. Lo importante para el ministro es que se ha abierto el debate, que «se puede aplazar, pero no se puede obviar». Ahora queda averiguar si el Gobierno está dispuesto a abrir el debate de las pensiones de los políticos y si está conforme con que «no se puede obviar».

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