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El alcalde de Montroy, en el centro de la imagen
Actualizado Miércoles , 03-02-10 a las 19 : 21
El juez de primera instancia e instrucción número 1 de Picassent, ha ordenado esta mañana la detención del ex alcalde popular de Montroy y de otras seis personas, en el transcurso de una operación judicial-policial que ha supuesto la práctica de entradas y registros simultáneas en la sede del ayuntamiento de la citada localidad, así como en 7 domicilios y 3 empresas de Valencia, Silla y Montroy, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en un comunicado.

La investigación judicial, que se está llevando a cabo en coordinación con la sección especial de medio ambiente de la Fiscalía de Valencia y que desarrolla la sección de medio ambiente de la unidad orgánica de policía judicial de la Guardia Civil, se inició hace un año. Se investigan delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y otros pendientes de diligencias declaradas secretas. En estos momentos se sigue practicando el registro de las dependencias del Ayuntamiento de Montroy en presencia del juez instructor. Tres de los 11 registros ordenados esta mañana ya han concluido. Los siete detenidos esta mañana todavía no han pasado a disposición judicial.
Las diligencias se abrieron a raíz de la construcción de 77 chalés en suelo no urbanizable. Las viviendas se habrían levantado con licencia municipal para casas de aperos y labranzas, pese a que el ayuntamiento era conocedor del tipo de vivienda que se iba a levantar y, por tanto, la ilegalidad de la construcción.
Fuentes de la investigación, precisan que algún profesional que falseó la documentación para certificar que las obras tenían una antigüedad mayor a cuatro años y que, por la legislación reginal, no se podrían demoler aunque se encontraran en suelo no urbanizable.
Es la tercera ocasión en la que se intenta el registro del consistorio, que ya se abortó en dos ocasiones, al constatarse que alguno de los implicados se encontraba en el extranjero. La operación es coordinada por el juzgado número 1 de Picasent y por la Fiscalía Anticorrupción.
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