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Jueves
, 04-02-10 a las 12
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Los vecinos podrán ejercer control y supervisión en todas las empresas públicas y privadas, y buscar el apoyo de la Guardia Nacional, la Policía Nacional o las milicias bolivarianas para castigar «de manera directa» a los empresarios que presuntamente especulen con los precios o acaparen productos.
Así lo establece el proyecto de Ley Orgánica de Contraloría Social que la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional inició hoy su discusión. En su artículo 16 señala que «el poder popular –los vecinos- podrá actuar de manera directa con el acompañamiento de los cuerpos policiales y militares o las milicias bolivarianas ejecutando sus decisiones».
Sus atribuciones: «vigilar las relaciones sociales de propiedad, producción, distribución, intercambio y consumo, así como las laborales». Estos vecinos tendrán inmunidad, «no podrán ser objeto de imposición de medidas administrativas, policiales y penales que obstruyan su libre acción y desenvolvimiento».
Los interesados deberán inscribirse en el Ministerio para las Comunas y podrán «revisar documentos, observar hechos, entrevistar a ejecutores y beneficiarios del proyecto y cualquier otra actividad de monitores que le permita una apreciación objetiva del objeto sujeto a control».
Las comunidades también controlarán «la gestión del Estado y todas sus instituciones, el uso de los recursos, los ingresos y gastos públicos».
Este proyecto, que no tiene nada de original, está inspirado en los temibles «soviet» y los comités de defensa de la revolución cubana. Sus primeras actuaciones, ni tan experimentales, ya fueron vistas en la ocupación de la cadena de hipermercados «Éxito» a principio de año cuando el presidente Hugo Chávez anunció la devaluación de la moneda y la expropiación de la empresa colombo francesa.
