Entre 1.300 y 1.500 puestos de trabajo entre médicos y el resto del personal sanitario privado cordobés. Ésa puede ser la «factura» laboral de la crisis en la que ha entrado buena parte de la sanidad privada a cuenta del recorte de los servicios a los funcionarios por parte de las aseguradoras.

Esta merma de las prestaciones, que repercute también directamente sobre los profesionales que tienen que garantizarlas, se debe a que las compañías de seguro libre estiman que la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), la Mutualidad General Judicial (Mugeju) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) han fijado un aumento medio de la prima para las aseguradoras para los próximos dos años del 2,5 por ciento, mientras que éstas consideran que la ganancia debería de llegar al 20 por ciento. La opción de las compañías ha sido recortar servicios, con la consiguiente reducción de personal y de margen de beneficios para las clínicas.

«En vista de cuál es la situación, hemos decidido poner en marcha una mesa de trabajo y un observatorio sobre la medicina privada en España, y que estará liderado desde Córdoba», suscribió ayer a ABC el vocal de Ejercicio Libre del Colegio de Médicos, Ginés Delgado. «Apostamos, no obstante, por el diálogo entre los principales sectores interesados y por la defensa de la calidad asistencial, además de por la protección del sector», añadió el también presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Médicos de Córdoba (Asempur). «Otro de nuestros objetivos -aseveró Delgado- es informar a Muface del papel que están jugando en todo este proceso las aseguradoras».

Por su parte, el portavoz del Sindicato Médico, José Luis Navas, lamentó que «este conflicto entre las aseguradoras y los profesionales supone que se establezcan unos precios por los servicios médicos que atentan contra la dignidad de la profesión». Navas puso de ejemplo que el precio de la consulta ha llegado a bajar a entre 10 y 12 euros.

El portavoz del Sindicato Médico hizo estas declaraciones tras un encuentro monográfico al que también acudieron, entre otros, el presidente del Colegio de Médicos, Cesáreo García Poyatos; el secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero; y el presidente del Sindicato Médico (Simec), Manuel Molina.

Las partes reunidas acordaron elaborar un decálogo en defensa «de los 120.000 puestos de trabajo que en toda España» dependen en gran medida de la asistencia sanitaria a funcionarios. El documento subraya que «el 85 por ciento de los funcionarios sigue apostando por la sanidad privada en lugar de por el sistema público». En Córdoba hay unas 40.000 personas que dependen para su atención sanitaria de las compañías que ahora han reducido oferta.