El Gobierno da un paso atrás con el «pensionazo» por las críticas sindicales

El Consejo de Ministros planteó el viernes prolongar de modo paulatino la edad de jubilación a partir de 2013, hasta llegar a los 67 años para el retiro laboral en 2025. El Gobierno revistió la impopular medida, que sería enviada al Congreso para su debate y votación, con los últimos datos demográficos, que reflejan un envejecimiento acelerado de la población española, y un aumento de la esperanza de vida. A la mañana siguiente se convocó el Comité Federal del PSOE, para arropar al presidente del Gobierno y apoyar sus planes.

Sólo dos miembros de los 248 convocados en el Comité Federal se abstuvieron en la resolución política. En la reunión, a puerta cerrada, se produjeron varias intervenciones de dirigentes socialistas que advertían del efecto que la propuesta sobre la jubilación podía producir en las relaciones con sus «mejores aliados», los sindicatos. Desde Asturias también pidieron que se limitara la medida a ciertos tipos de trabajo. Con todo, Zapatero logró el aval de su partido. El jefe del Ejecutivo se había pronunciado a favor de la medida sin ambages ni ambigüedades.

Con los trabajadores

Pero fuera de Ferraz el ambiente se fue caldeando durante el fin de semana. Que se iba a reformar el sistema de pensiones era ya algo conocido y anunciado. El presidente Zapatero planteó esa necesidad en el Congreso de los Diputados. Pero también era sabido que una de las banderas que el Ejecutivo ha ondeado en el Parlamento en estos años de crisis ha sido la de la defensa de los derechos de los trabajadores.

El anuncio de la propuesta sobre la jubilación sorprendió desprevenidos a la oposición y a los sindicatos. El portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, aseguró incluso que en una conversación que mantuvo con Salgado un par de días antes sobre medidas económicas ésta ni siquiera le anticipó la intención del Gobierno.

«Tenemos que afrontar este debate», proclamó Zapatero en la sede del PSOE. No hace falta, sin embargo, que se reúna la Comisión no permanente del Pacto de Toledo para saber ya que el Gobierno tendrá muy difícil sacar adelante esa propuesta que Zapatero califica de «razonable». El presidente del PP, Mariano Rajoy, ya la calificó el fin de semana de medida «atolondrada» e improvisada. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, cree que el presidente del Gobierno está «recortando derechos». En todo caso, el PP es partidario de retrasar la edad de jubilación, pero sólo de forma voluntaria y con incentivos, como explicó ayer su secretaria general, María Dolores de Cospedal.

La oposición más dura y contundente en este caso no ha venido del PP, sino de la izquierda. En concreto, de Izquierda Unida, que ya aboga por una huelga general. Su coordinador general, Cayo Lara, ahora sí ve motivos suficientes para esa protesta contra el Gobierno porque, a su juicio, no sólo no gira a la izquierda, sino que toma medidas que ayudarán a la derecha a ganar las próximas elecciones generales.

Con todo, la principal preocupación de los socialistas, expresada en el último Comité Federal, era que se produjera una fractura con sus mejores aliados, los agentes sociales. «Tienen que dar su opinión», avisó el presidente autonómico asturiano, Vicente Álvarez Areces. Pues bien, ayer opinaron y no precisamente a favor de la reforma impulsada por el Gobierno socialista. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, advirtió de que si el Ejecutivo saca adelante su propuesta sin consenso amplio, «tendríamos problemas». Más aún, se adelantó y auguró que no habrá un acuerdo amplio.

De pronto, en la estrecha relación entre el PSOE y los sindicatos, irrompible incluso con más de cuatro millones de parados, aparecía una pequeña grieta, con serio riesgo de hacerse mayor. «Hay que buscar otra alternativa», dijo Méndez, mientras que desde Comisiones Obreras se mostraba «máxima preocupación». Dicho y hecho. El Gobierno ya «matiza» su idea.