La portavoz socialista, Carmen Alborch tras la pancarta| JUANJO MONZÓ
Lunes
, 01-02-10
«El Cabanyal es nuestro y lo queremos entero y vivo». Con esta elocuente pancarta, la plataforma «Salvem el Cabanyal» se manifestó ayer en Valencia contra los derribos en el barrio con el apoyo de numerosos cargos del PSPV, Compromís, Bloc y EUPV, así como representantes sindicales.
Las organizaciones independentistas, lideradas por Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y Escola Valenciana, trufaron también un acto con escasa presencia de los vecinos de la zona. A pesar de que los organizadores se esforzaron en destacar el «éxito» de la convocatoria -cuya participación cifró en 30.000 personas-, fuentes de la Policía Local limitaron el número de asistentes a sólo 3.000.
Los manifestantes recorrieron las principales calles del barrio y leyeron un manifiesto en el que acusaron al PP de «llevar la degradación, el dolor y la injusticia social» al Cabanyal. En este sentido, y a pesar del cúmulo de sentencias en las que se rechaza que el Plan previsto por el Ayuntamiento suponga un «expolio» -como lo calificó el Ministerio de Cultura-, los manifestantes criticaron la iniciativa como un «ataque a la cultura, a la memoria colectiva y a la identidad» de este «barrio singular y hermosísimo».
Financiación «sospechosa»
Por su parte, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, salió al paso de las críticas que se vertieron en la manifestación señalando que la protesta «ha sido un intento más de manipulación por parte de una minoría muy reducida, con «tics» poco democráticos que no acepta las decisiones democráticas y quiere imponerse a toda costa».
Además de criticar la «falta absoluta de respeto a la voluntad popular mayoritaria expresada democráticamente en las urnas», Grau destacó que a pesar de contar con una, a su juicio, «financiación sospechosa», el acto «sólo ha conseguido sacar a la calle unos pocos millares de personas, muchas de ellas de fuera de la ciudad y muy pocos vecinos del Cabanyal».
Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario del PP, Rafael Blasco, recordó ayer que la decisión del Consejo de Ministros de suspender el Decreto-Ley del Consell que permite continuar las actuaciones en El Cabanyal de acuerdo con el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) es un «atentado contra la reivindicación de la ciudad de Valencia de abrirse al mar, y que es completamente legal a la vista de las doce sentencias que avalan dicha actuación».
A juicio de Blasco, la decisión «no tiene precedentes en España», dado que utiliza «una orden de paralización» contra «una actuación legitima» de una Administración». Así, insistió en que «ésta es la mayor agresión» a los valencianos «desde que Felipe V nos abolió Els Furs».
