En menos de una hora, se ha finiquitado la primera sesión del nuevo juicio por el accidente aéreo porque la compañía ha vuelto a ausentarse. Un cabo niega que se entregaran billetes en el vuelo de ida a Afganistán
Un acto en memoria de los fallecidos en el Yak-42 / ABC
Actualizado
Lunes
, 01-02-10 a las 12
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El Juzgado número 2 de Primera Instancia de Zaragoza ha celebrado hoy durante menos de una hora la primera sesión del nuevo juicio civil contra las empresas Ucranian Mediterranean Air (Um Air), Chapman Freeborn y Busin Joint Stock, demandadas por familiares de 60 de los 62 militares españoles fallecidos el 26 de mayo de 2003 en el accidente aéreo que sufrió el avión Yakovlev 42 en Turquía, cuando les transportaba desde Afganistán hasta la Base Aérea de Zaragoza. El representante de la contratista del vuelo Chapman Freeborn, Russi Batliwala, no ha comparecido, por causas que su abogado ha dicho desconocer.
Tampoco los representantes de esta empresa asistieron al primer juicio civil que se celebró en enero de 2006, en una sala de la Feria de Muestras de Zaragoza, y que fue anulado por un defecto de forma, al considerar la Audiencia Provincial de Zaragoza que Chapman Freeborn no había sido emplazada correctamente.
La Sala número 12 del Edificio de Juzgados de la Plaza del Pilar de Zaragoza acoge la primera sesión del juicio. Numerosos familiares y amigos de los militares fallecidos han ocupado los ocho bancos destinados al público y otro grupo de allegados se ha quedado a las puertas de la sala judicial. El juicio ha concitado la atención de numerosos medios de comunicación.
Pregunta simbólica a la compañíaPor indicación de la titular del Juzgado, la magistrada María Teresa Real, los abogados de la acusación preguntaron, simbólicamente, al ausente Russi Batliwala sobre la supuesta responsabilidad civil de Chapma Freeborn. Así, preguntaron si es cierto que tiene la responsabilidad general de contratación de las operaciones de la compañía; si firmó el contrato para transportar mercancías y tropas con motivo de la operación militar internacional de la ISAF en Afganistán; si tenía firmados contratos con la contratista de la OTAN denominada NAMSA para otros países y en qué términos.
También preguntaron si Chapman sigue trabajando con NAMSA; si, durante el vuelo, el personal tenía la formación adecuada; si se verificó el cumplimiento de todas las obligaciones legales y de qué manera; si la tripulación llevaba 24 horas trabajando; si la tripulación carecía de un lugar de descanso "suficiente" en la aeronave; a qué personas concretas Chapman Freeborno encargaba el control técnico de las aeronaves; si el contrato.
La defensa letrada de Chapman Freeborn rechazó la mayoría de las preguntas por considerar que son ajenas a la supuesta responsabilidad civil de su defendido.
Familiares de militares muertos en el accidente del Yak-42 han vuelto hoy al Juzgado de Zaragoza / EFE
El cabo primero del Ejército de Tierra Sergio Manzanos, quien estuvo destinado en Afganistán en los primeros años de la operación internacional ISAF y que voló desde Zaragoza hasta Kabul en el avión Yakovlev 42 que, posteriormente, se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Turquía, causando la muerte de 62 militares españoles, negó haber recibido billete aéreo alguno en el vuelo que realizó en este aparato y dijo no tener constancia de que ninguno de sus compañeros hubieran recibido documento alguno. El testigo ha dicho desconocer quién planificó en concreto el vuelo, dijo no haber pagado "nada" por el vuelo.
Otro testigo, el teniente en la reserva Fermín Pérez, quien estaba destinado en el Ala 31 de la Base Aérea de Zaragoza en el momento de los hechos, dijo ante la magistrada juez, a preguntas de las acusaciones que ningún mando militar dirigía el vuelo de ida a Kabul del Yakovlev 42, en el que viajó, y dijo no haber sido informado de que el aparato tuviera "limitaciones" de algún tipo. A preguntas de la defensa de Chapman Freeborn, Fermín Pérez expresó que "normalmente viajábamos con nuestros propios aviones" y "hasta ese viaje", el de ida a Afganistán en el Yakovlev 42, nunca había volado en misión militar internacional en aviones civiles. Pérez negó, taxativamente, que el avión fuera militar y, de hecho, "no tenía ningún control por estamentos militares".
También en respuesta a la defensa de Chapman Freeborn, el teniente Fermín Pérez dijo que, junto con sus compañeros, fue informado oficialmente por parte de su "jefatura", mediante "unas órdenes" y con "un procedimiento normal", de que debía formar parte del relevo de tropas españolas en Afganistán y de que debía tomar el vuelo de ida del Yakovlev 42, sin poder elegir el punto de partida, la ruta y el resto de circunstancias del vuelo. "En absoluto" conocía Pérez quién organizó el vuelo.
Por último, compareció el testigo de la acusación Marco Antonio Ruiz, quien se ratificó en la declaración realizada en el juicio anterior. La defensa de Chapman Freeborn ha aportado, como ya había hecho en ocasiones anteriores, un documento del que ha afirmado que era el billete que vinculaba a los militares accidentados con el vuelo mortal.
Precisamente, esta prueba fue denegada en el juicio civil que tuvo lugar, también en Zaragoza, en 2006, puesto que -según las acusaciones- fue confeccionado después del accidente.
La sesión concluyó a las 11.00 horas y se reanudará mañana, martes, a las 10. 00 horas en el mismo lugar.
Repetición del juicioEn este segundo juicio comparecerán trece personas, entre testigos y peritos, y se prolongará hasta el jueves 4 de febrero. Para hoy se habían programado los interrogatorios de Russi Batliwala, representante legal de Chapman Freeborn, contratista inglesa del vuelo accidentado y entidad codemandada, y de Sergio Manzanos y Fermín Pérez, propuestos por la parte demandante, que en el momento del accidente estaban destinados en el Ala 31 y la EADA del Ejército del Aire, en Zaragoza, y que testificaron que viajaron en el vuelo de ida a Afganistán y que no recibieron billetes. El primer juicio civil por este caso se celebró en la Feria de Zaragoza los días 24 y 25 de enero de 2006, y las familias solicitaron unos 60 millones de euros en indemnizaciones a las tres compañías.
El juez Ángel Dolado condenó a las tres empresas a pagar una indemnización global de unos 10 millones de euros a los familiares, que éstos consideraron que estaban muy lejos de lo que pedían, por lo que presentaron recursos de apelación, al igual que las compañías condenadas. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Zaragoza anuló las actuaciones realizadas en el juicio contra la empresa Chapman Freeborn, al considerar que no se emplazó correctamente a la compañía, que era la contratista del avión, y ordenó la repetición de la vista.
