Uno de los manifestantes de ayer en Arenys de Mar
Domingo
, 31-01-10
JOB VERMEULEN
MARÍA JESÚS CAÑIZARES
ARENYS DE MAR. «¿Catalán a la fuerza? ¿Va a ser que no?». «Tripartito, como Franco, pero al revés». No es la primera vez que la política lingüística de la Generalitat es objeto de protesta en las calles, pero lo que no tiene precedentes es la lucha judicial, cada vez más extensa, de comerciantes sancionados por rotular sus establecimientos en castellano.
Ellos fueron los protagonistas de la concentración celebrada ayer en Arenys de Mar (Barcelona) en la que -también fue novedad-, PP, Ciutadans y UPyD se unieron para reclamar «libertad». Medio millar de personas acudieron a la convocatoria de la coordinadora «Por una Cataluña en libertad. No a las multas lingüísticas», integrada por los tres citados partidos y por las asociaciones Ágora Socialista, Asociación por la Tolerancia e Impulso Ciudadano.
El acto sirvió principalmente para expresar el rechazo al acoso que aseguran sufrir los comerciantes por parte de la Agencia Catalana de Consumo, dependiente de la Consejería de Economía, en manos socialistas y que algunos manifestantes comparaban en sus carteles con una «oficina de delación lingüística», pues las normas de consumo contemplan la apertura de expedientes, no sólo a partir de inspecciones rutinarias, sino también en base a denuncias de otros ciudadanos, incluso de forma anónima.
Esas normas acaban de ser recopiladas en un nuevo Código de Consumo en el que se eleva de 3.000 a 10.000 euros las multas por no utilizar el catalán en rótulos, contratos, facturas y cualquier tipo de información. En caso de reincidencia, la multa puede alcanzar los 100.000 euros.
La presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, asistente al acto, aseguró que el presidente José Montilla «es el único responsable que se sancione por utilizar una de las lenguas oficiales», mientras que el líder de Ciutadans, Albert Rivera, acusó al Gobierno de estar más preocupado por que los comerciantes rotulen en catalán «que por sacarles de la crisis».
La concentración tuvo lugar en Arenys de Mar, ciudad donde tiene su despacho Xurde Rocamundi, uno de los sancionados que ha decidio hacer frente a la multa. Pero hay más víctimas. Como el agente Manel Nevot, cuyo caso llegará a juicio el próximo 4 de febrero; o el de Feliciana Piris. cuya mercería fue multada con 1.200 euros por exhibir el rótulo «Los hilos no se cambian», o Luis Giménez, dueño de la Escuela Catalana de Criminología.
