EN el mundo abundan las malas sentencias. Estamos dispuestos a morir en defensa de las malas sentencias. Pero qué peligro lo decidido el 22 de enero por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos...

Por cinco votos a cuatro, el Tribunal autorizaba a las empresas a apoyar con dinero ilimitado las campañas políticas locales, a escala estatal, es decir en cada uno de los 50 estados, y también las campañas presidenciales o federales, llamadas de medio término, en las que se eligen en toda la nación senadores, congresistas, gobernadores. Para el líder de los republicanos en la Cámara de los Representantes, John Boehenr, era una victoria de los principios de la Primera Enmienda, que defiende las libertades individuales. Pero la eternidad de los principios dura a veces dos o tres años. Alguien se preguntaba estos días qué hubieran hecho los padres fundadores de encontrarse ante los terroristas de la Jihad con sus vehículos suicidas, aviones, automóviles, en Bagdad o Nueva York...

William Pfaff, el gran columnista americano, publicó en 2002 un ensayo sobre la influencia del dinero en la política norteamericana. En enero de 1961, al despedirse de la nación, el presidente Dwight Eisenhower habló de un fenómeno paralelo, el complejo industrial-militar, condicionador constante de las decisiones del Pentágono, enormes lobbies empeñados en influir en las decisiones de compra sobre carísimos y a veces inútiles proyectos.

Hoy, medio siglo después, las equívocas libertades individuales vuelven a reforzar a los grupos de presión. Barack Obama, ejemplar en el acatamiento de sentencias, no se mordió la lengua esta vez: «Es la luz verde a la irrupción de los intereses económicos en la política». La decisión del Tribunal Supremo no fue unánime, ya lo hemos dicho: cinco magistrados votaron a favor y cuatro en contra. Ese resultado inclinará quizá a un próximo presidente a revocar lo decidido, lo cual no fortalecería al sistema. Los cuatro magistrados que votaron en contra advirtieron del riesgo de corrupción. El magistrado Stevens representó a los cuatro derrotados: «Cometen ustedes un grave error al equiparar a las compañías mercantiles con un ciudadano individual». El jefe de la mayoría del Tribunal, magistrado McConnell, insistió en la tesis contraria: «Es un gran paso para restaurar los derechos de la Primera Enmienda».

Se ha dicho que la polémica es una nueva prueba de la vitalidad del sistema. Si fuera así, opina un jurista de Nueva York, sería recomendable un poquito menos de vitalidad. El gasto ilimitado de los grandes grupos económicos a favor de candidaturas políticas no favorecerá a la sociedad americana. Franklin Roosevelt combatió esa peligrosa tendencia cuando dos grandes enemigos, la enfermedad y la guerra, hicieron presa en él. Su sucesor, Harry Truman, tuvo demasiados problemas con el comunismo emergente para enfrentarse al mundo del dinero. El Tribunal Supremo, advierte David D. Kirkpatrick en el New York Times, ha proporcionado a los grandes grupos empresariales una nueva arma. Un lobbista puede decir ahora a cualquier cargo electo: si vota usted equivocadamente, mí representado gastará sumas ilimitadas contra su reelección. Un bufete de abogados de Washington corroboraba: tenemos aquí un millón para gastar en anuncios a su favor o en su contra, como prefiera.

Para muchos demócratas y republicanos la sentencia es un histórico error. Nace con el apoyo del magistrado Roberts, que tomó juramento hace un año a Obama en las escaleras del Capitolio. Es un acontecimiento mayor y un nuevo desafío al presidente. Una de los grupos que más han apoyado la resolución del Supremo ha sido la Asociación Nacional del Rifle, respaldada por petroleros, tabaqueros y fabricantes de armas.