Montilla promete diálogo, pero no renuncia a «normalizar»
Jueves , 28-01-10
Tras la huelga anunciada por las salas de cine para el día 1 de febrero en protesta por las cuotas de doblaje en catalán que establece la nueva ley del cine, PP y Ciutadans exigieron ayer al Govern que retire el proyecto. El sector, contrario al intervencionismo que implica esa normativa, hará coincidir la movilización con la entrega de los Premios Gaudí de cine.
La portavoz del PP en el Parlament, Dolors Montserrat, calificó esta nueva ley, aprobada por la Generalitat a finales del año pasado y que ahora ha emprendido su trámite parlamentario, de «intervencionista y sancionadora». Denunció que «la única preocupación» del Govern «es la lengua, no la recuperación del sector», donde la caída del número de espectadores desde 2004 está cifrada en un 24%. Montserrat pidió la retirada del proyecto de ley «ante la evidente falta de consenso del sector».
Por su parte, el presidente de Ciutadans, Albert Rivera, criticó la «imposición de cuotas lingüísticas» y añadió que el Govern no tiene más salida que «retirar el proyecto». Según dijo, «nuestro objetivo es el mismo que el del sector: sí al catalán, sí al cine, pero no a las sanciones y a la imposición. El gobierno debe retirar el proyecto de ley porque no se pueden poner más trabas al mercado», dijo Rivera.
El líder de Ciutadans defendió al sector del cine porque «este proyecto duplica la imposición y las sanciones que ya propuso Jordi Pujol en su día, en contra de la opinión del propio socialista Narcís Serra y ahora el PSC se vende a los nacionalistas».
En respuesta a los requerimientos que Rivera hizo en la sesión de control celebrada en el Parlament, el presidente catalán, José Montilla, garantizó que será «receptivo al diálogo» con los empresarios y a «incorporar mejoras» a la futura ley del cine de Cataluña, pero subrayó claro que «no renunciará a normalizar» la presencia del catalán en las salas de proyecciones.
Presencia testimonial
Montilla aseguró que «todo el mundo tiene derecho a la huelga», pero precisó el Govern no puede permanecer como un «espectador» ante la situación actual. Tildó de «inaceptable» que sólo un 3% de las películas en cartelera sean en catalán, y justificó que el Govern tiene que hacer «alguna cosa» ante esta presencia «testimonial».
Por su parte, la Acadèmia de Cinema Català (ACC) explicó que su posición oficial frente a la polémica es la de «favorecer el diálogo entre todos los profesionales y el Govern», ya que consideran la ley y su posterior desarrollo «un modelo positivo para los profesionales, la industria y el público».
Además, considera que la institución debe desmarcarse del debate parlamentario. «Los aspectos legislativos se encuentran en el marco competencial del Govern y del Parlament, y es en ese marco donde las asociaciones profesionales, -y no la Acadèmia-, tienen que plantear sus puntos de vista», según indica en un comunicado.
Asimismo. asegura que trabaja para que en el cine predomine «la versión original, sea cual sea». La institución considera que esa opción se tiene que «normalizar».

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