Martes
, 26-01-10
C. DE LA HOZ / N. COLLI
MADRID. El Partido Popular quiere que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, dé explicaciones en sede parlamentaria sobre el ofrecimiento hecho al instructor de la querella contra Garzón, Luciano Varela, para que ocupe una plaza en el Tribunal Constitucional, tal y como informó ayer ABC, a cambio de archivar la causa abierta al juez por presunta prevaricación en la investigación de las desapariciones de la Guerra civil y el franquismo.
Así lo anunció la secretaria general del primer partido de la oposición, María Dolores de Cospedal, tras la reunión del comité de dirección popular, que trató sobre este asunto y, en general, sobre toda la situación generada en torno al chivatazo del «bar Faisán», en plena tregua etarra. Tras conocerse hace meses que la Fiscalía había pedido el archivo del caso, los populares decidieron hacer del mismo uno de los banderines de enganche de su labor de oposición, que tendrá una especial resonancia en el nuevo periodo de sesiones, a partir del 9 de febrero, día en que se celebra el primer pleno en el Congreso.
Personación
A la estrategia parlamentaria se une la personación del PP en la causa, que la Sala de lo Penal de la Audiencia aceptó finalmente ayer, aunque obliga al primer partido de la oposición a compartir abogado y procurador con la Asociación Unión de Oficiales-profesional de la Guardia Civil, no así con la AVT y con Dignidad y Justicia, personadas con anterioridad. En el auto, conocido por ABC, se entiende que hay una «convergencia de intereses y puntos de vista en la actuación procesal de las partes», por lo que consideran «suficientemente justificado» que compartan abogado y procurador. Ahora Garzón deberá fijar la fianza.
La Sala admite la «independencia de los pareceres subjetivos y personales de las entidades que ejercitan dichas acciones populares», pero matiza que «no son los pareceres, opiniones o ideologías de las personas que ejercitan las acciones penales lo que debe ser tomado en consideración para apreciar la convergencia y unidad de intereses».
La «número dos» popular señaló que «estamos conociendo noticias muy alarmantes, noticias que exigen una explicación». Para ello solicitarán la comparecencia del titular de Justicia al objeto de que aclare, por una parte, si ofreció el traslado al juez Grande Marlaska para que dejara de investigar el chivatazo policial y, por otra, «el ofrecimiento a Varela de una plaza en el Tribunal Constitucional teniendo en cuenta su actuación en el expediente correspondiente», esto es, la querella contra Garzón, instructor a su vez del «caso Faisán», asunto de capital importancia para el Gobierno.
El PP quiere averiguar «toda la verdad» en torno a un caso que cada vez presenta más sombras y parece implicar a mandos policiales y de Interior. Es por ello que, a las peticiones de comparecencia de Caamaño, también se une la de Alfredo Pérez Rubalcaba, de las que el PP ya tiene registradas varias, todas ellas, hasta ahora, infructuosas. En sesión de control el titular de Interior ha aducido, entre otras cosas, que el PP sólo persigue emborronar el currículum de los policías. En contrapartida, la «número dos» popular declaró ayer que es «impropio» de un país democrático que el Gobierno «haya ayudado a ETA traicionando a la Policía», a la que creen que Interior pone como escudo para no dar explicaciones.
Cospedal, que cuando hizo estas declaraciones ante la prensa desconocía que se hubiera aceptado la personación de su partido en la causa, adelantó que pedirán todo tipo de pruebas, «tanto testificales como documentales», para averiguar si en este caso hay «comisión de delito». También para desentrañar si, como apuntan algunas informaciones, el caso puede llegar a salpicar al «número dos» de Interior, el secretario de Estado, Antonio Camacho, en el chivatazo a la red de extorsión de ETA.