M. J. ÁLVAREZ / S. MEDIALDEA

MADRID. «Yo soy «El Rafita», señor juez». Así se presentó el susodicho ante el responsable del juzgado de Instrucción número 33 de Plaza de Castilla el pasado domingo. Para dejarle claro su identidad, por si tenía alguna duda. O para que supiera con exactitud a quién tenía delante y cuál era su trayectoria.

No era la primera vez que empleaba esa actitud prepotente y chulesca. Ya lo hizo en junio en Málaga, con la Policía que le detuvo por robar un ordenador en una vivienda situada en el mismo edificio en el que cumplía la medida de libertad vigilada que finaliza el 25 de junio. El detenido, Rafael García Fernández, de 22 años, también conocido como «Pumuki», uno de los cuatro condenados por retener, violar, atropellar y quemar viva a Sandra Palo, de 22, hace casi siete años, no tenía porqué decirlo ni nadie se lo preguntó en ningún momento.

Nadie le preguntó

En primer lugar, porque su participación a los 14 años en el brutal asesinato de la infortunada joven, ocurrido el 17 de mayo de 2003, no consta en ningún lugar, tal y como establece la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Y no figurará nunca por el carácter de reinserción que persigue.

Y, por otro, porque en el atestado policial que le llevó ante el juez de guardia el domingo, sólo figuraba su última infracción legal: la tentativa de robo con fuerza del automóvil en Latina la madrugada del sábado, con otros tres sujetos (uno de ellos, su hermano), y no los otros dos robos con fuerza, realizados el 11 de junio de 2009 en Benalmádena (Málaga) y el 23 de diciembre en Alcorcón. Estos tres son los únicos antecedentes penales que tiene este individuo, ya como adulto, y que suponen cada uno de ellos un quebrantamiento de la libertad vigilada que, sobre el papel, cumple hasta el próximo 25 de junio.

Libertad sin cargos

Al final, el juez de guardia ordenó la libertad sin cargos de todo el grupo, no solo de «Rafita», sino de los otros tres delincuentes, que sumaban 38 antecedentes penales en total.Entre ellos, se encontraba uno de sus hermanos, Eduardo, de 24 años, conocido como «Buba» o «Bubu», con un abultado historial: ha sido detenido en 23 ocasiones, 18 por la Policía Nacional y cinco por la Guardia Civil. Todos quedaron libres, dado que la Policía frustró el robo del coche en Latina, alertada por los vecinos. No obstante, «Rafita» fue el último en salir a la calle, con varias horas de diferencia, si bien las fuentes consultadas lo achacaron al procedimiento.

Conflicto institucional

«Rafita» ahora está en régimen de libertad vigilada, pero nadie se encarga de esa vigilancia: ni la Comunidad de Madrid, porque una resolución judicial de noviembre pasado contempla que las competencias del caso pasen a Instituciones Penitenciarias; ni este último organismo, que ha pedido al juez que le aclare a qué modalidad de la justicia para adultos corresponde esa libertad vigilada.

Es el típico embrollo legal que deja a «Rafita» en un limbo de tecnicismos. Por un lado, la Comunidad autónoma, que a través de la Agencia del Menor Infractor era la responsable de supervisar la libertad vigilada de «Rafita» hasta que ésta acabe. Pero en la vista celebrada el pasado 18 de noviembre por uno de los quebrantamientos de condena de este individuo, el juez dictó una resolución en la que contemplaba que fuera Instituciones Penitenciarias, a través de su centro de inserción social Victoria Kent, la que pasara a controlar dicha libertad vigilada.

La directora de esta institución escribió a la Comunidad el 10 de diciembre aclarándole que dicho auto judicial aún no es firme, dado que la Fiscalía de Menores había pedido aclaraciones al magistrado sobre el mismo. Concretamente, explicó una portavoz de Instituciones Penitenciarias, necesitan saber cómo se «traduce» esa libertad vigilada, una modalidad que no existe en la justicia de mayores.

«Podría -matiza- interpretarse que equivale a la libertad condicional, pero también puede ser equiparable al tercer grado penitenciario; lo tiene que aclarar el juez». Por ejemplo, indican, para tener la libertad condicional hace falta contar con un pronóstico favorable de inserción, algo de lo que carece «Rafita».

Instituciones Penitenciarias está planificando una reunión con Comunidades autónomas, instituciones de menores, Fiscalía y Consejo General del Poder Judicial para unificar criterios en estos casos.