La letrada admite que no se puede saber con exactitud cómo murió la chica porque la confesión de su cliente «no es definitiva»
EFE /JOSÉ MANUEL VIDAL
A la espera del Supremo
El Tribunal Supremo no emitirá hasta el próximo lunes la nota aclarando la decisión del pleno no jurisdiccional sobre la competencia del jurado. Lo que diga el alto tribunal será importante para el juicio del caso Marta porque si hay un cambio de criterio, podría afectar al futuro juicio. En principsio el juez determinó que este caso fuera juzgado por un jurado pero también podría darse el caso que, a la vista de lo que diga el Supremo, alguna parte solicitara un cambio de criterio para que fuera juzgado por un tribunal. El caso también está pendiente de que el fiscal y la acusación particular presenten sus escritos de calificaciones sobre los delitos.
El Tribunal Supremo no emitirá hasta el próximo lunes la nota aclarando la decisión del pleno no jurisdiccional sobre la competencia del jurado. Lo que diga el alto tribunal será importante para el juicio del caso Marta porque si hay un cambio de criterio, podría afectar al futuro juicio. En principsio el juez determinó que este caso fuera juzgado por un jurado pero también podría darse el caso que, a la vista de lo que diga el Supremo, alguna parte solicitara un cambio de criterio para que fuera juzgado por un tribunal. El caso también está pendiente de que el fiscal y la acusación particular presenten sus escritos de calificaciones sobre los delitos.
Actualizado
Viernes
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Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta del Castillo, no sabe dónde está el cadáver de la joven a la que dio muerte según su testimonio. Al menos así lo asegura su abogada, Paloma Pérez Sendino, en un comunicado en el que, cuando está a punto de cumplirse un año de la desaparición y muerte de la niña, habla por primera vez acerca de la instrucción.
En ese escrito, la defensa reconoce la «dificultad añadida» en este caso por el hecho de que no haya aparecido el cadáver de la víctima. Algo que, según admite, hará que «no podamos saber ciertamente con exactitud científica como murió la menor».
Y es que, según Pérez, la confesión de Carcaño «no es definitiva» porque en las actuaciones hay «variadas versiones de esa circunstancia». Y por ello cree que «la prueba definitiva de lo que ocurrió o pudo ocurrir se queda fuera de nuestro alcance».
«Es indudable —continúa— que si apareciera, ello podría avalar las tesis de la primera declaración de mi cliente en cuanto al modo de suceder los hechos por lo que, siguiendo el hilo argumental del mismo, hemos de concluir que mi defendido, como él mismo dice, no sabe dónde está el cadáver», recalca.
Pero además la defensa de Miguel (que se hizo cargo de la representación del joven después de que el anterior letrado asignado en el turno de oficio renunciara) ha valorado un año de instrucción en el que destaca el hecho de que en este sumario falta la pieza principal: el cadáver.
Derecho a mentir
Tras recordar que se enfrenta a más de veinte tomos de actuaciones, escritos, informes, declaraciones y valoraciones policiales, Pérez recuerda que en esta sociedad existe «una lucha feroz entre el principio de presunción de inocencia, derecho a no confesarse culpable y derecho a mentir para defenderse».
Y, en ese sentido, también recuerda la letrada que existe «el derecho de las víctimas a ser resarcidos y que se conozca la verdad de lo que ocurrió en cada caso concreto». Una lucha feroz que, insiste, «ha saltado del plano empírico a la calle, a la opinión publica» por lo que reclama que todos sean conscientes de esa circunstancia.
Pese a todo, Pérez recalca que en el caso concreto de la defensa de una persona que se ha autoinculpado de una muerte, los abogados y, en general todo jurista, «debe estar preparado para ello y asumir que es parte de su trabajo diario y debe tratar de que a esta persona «el Estado de derecho lo proteja y lo ampare». Y eso porque —insiste— «estamos en un Estado de derecho y nos regimos por unas leyes votadas en el Parlamento y ese es el modelo de sociedad que nos hemos venido a dar todos los ciudadanos».
«No podemos despotricar de que el presunto culpable esconda pruebas o diga, en su defensa, lo que estime oportuno, hay o debe haber un equilibrio entre ese derecho personal y el deber del estado de los agentes de la autoridad, de las fuerzas de seguridad para descubrir la verdad de lo que pasó, con respeto a la Ley y bajo los principios que inspiran el Estado de derecho», dice. En cualquier caso, la abogada de Miguel Carcaño señala que la última palabra acerca de la culpabilidad o inocencia de estas personas la tiene la administración de justicia en sus diferentes facetas: tribunales profesionales o jurado popular.
Acusación fundada
Por su parte la acusación particular que representa a la familia de Marta también se ha pronunciado coincidiendo con el aniversario del caso. Según el abogado, que ha calificado de «ejemplar» la instrucción del caso, con los datos de esa instrucción, hay base para «una acusación fundada contra lo cuatro imputados y el menor». Y en cuanto a si las pruebas del juicio, son suficientes, según el abogado, eso «lo dirá el jurado o el tribunal».
Además, la acusación particular insiste en la exigencia de que los imputados expliquen ante un tribunal qué hicieron con el cadáver y en que si no aparece «no es una ventaja para las defensas». Y eso porque, cree que la crueldad mantenida con la familia al impedir que puedan enterrarla «será valorada por el tribunal al imponer las penas».
