La sanción contra Xurde Rocamundi, el gestor inmobiliario sancionado con 1.500 euros por negarse a rotular su negocio en catalán, ha sido la gota que ha colmado el vaso de los grupos, asociaciones y partidos no nacionalistas que, finalmente, se han unido en un frente común contra la política de sanciones impuesta por el tripartito. Una política que se agravará en los próximos meses si se aprueba la Ley de comercio presentada por el Gobierno catalán, que duplica las sanciones lingüísticas.

El próximo 30 de enero la Coordinadora anti sanciones lingüísticas hará su primera demostración de fuerza con una concentración en Arenys de Mar (Barcelona) -localidad en la que se encuentra el comercio sancionado- para «hacer visible la oposición a la ley de política lingüística».

Bajo el lema «Por una Cataluña en libertad, no a las multas lingüísticas», PP, Ciudadanos (C´s), Unión Progreso y Democracia (UPyD), Asociación por la Tolerancia, Impulso Ciudadano y Agora Socialista secundan la convocatoria, en una demostración «histórica» de unidad para que la reacción contra las «coacciones lingüísticas» deje de ser un fenómeno aislado y «quede claro» que la oposición a este tipo de políticas es transversal y mayor de lo que se traslada a la opinión pública. Así lo explicó el diputado y líder de Impulso Ciudadano José Domingo, quien consideró «imprescindible hacer visibles unas quejas que hasta ahora han sido puntuales».

Las sanciones, en aumento

Los números avalan la queja. La Generalitat del tripartito ha multiplicado las sanciones con la llegada al poder de Esquerra, tal como denunció el dirigente del PP Ramon Riera, puesto que se ha pasado de las dos sanciones de 2003 a las 194 impuestas en 2006, último año del que el Govern ha hecho públicos los datos, pese a que los grupos de la oposición los han reclamado en repetidas ocasiones, como destacó Domingo.

Un afan sancionador que se ha transformado en una recaudación de 55.675 euros en 2006, aunque el año anterior fue mucho más lucrativo -se impusieron sanciones más altas- puesto que la Generalitat recaudó por este concepto 122.050 euros en 2005. La asunción por parte de ERC de la Agencia Catalana de Consumo -pese a que orgánicamente depende del Departamento de Economía, en manos del PSC- ha sido determinante según Domingo para ese auge sancionador de la Administración autonómica.

En este contexto, Domingo recordó que, pese a haber aprobado la ley en 1998, «hasta 2003 había un pacto tácito para no aplicar las sanciones», pacto que se rompió con la llegada del tripartito. «Ningún catalán será sancionado por el uso de la lengua» aseguró tras aprobarse la ley el entonces primer secretario del PSC, Narcís Serra, tal como recordó ayer Domingo. «O nos engañó, o se equivocaba», concluyó ayer el diputado no nacionalista.

Más allá de la concentración, el objetivo de la nueva coordinadora es que la denuncia presentada por Rocamundi no sea un hecho aislado y que otros comerciantes «se atrevan a plantar cara» destacó la representante de la Asociación por la Tolerancia, Margaret del Manzano. Para fomentar esa actitud más beligerante, la asociación ha creado una web -nomasmultas linguisticas.com- que debe servir para dar apoyo a aquellos que quieran oponerse a la obligación de rotular y presentar toda su documentación «al menos» en catalán. «Hay muchos más comerciantes que se sienten perseguidos, pero prefieren pagar la multa y cambiar de idioma», se lamentó Rocamundi, «es lo que queremos cambiar».