El Gobierno todavía no ha pagado la seguridad privada de los atuneros

Pero ésto no es lo peor, sino que tres meses después de que la ministra de Defensa, Carme Chacón, se comprometiera en el Congreso de los Diputados a financiar un 25 por ciento del coste de esta seguridad privada, todavía no se ha desembolsado ni un sólo euro. Y los problemas no se quedan ahí, ya que, como avanzó ABC el pasado 20 de diciembre, las armas de gran calibre, unas ametralladoras del calibre 12,70, no pueden entrar en las islas Seychelles, al impedirlo las autoridades.

Problemas

Dos meses después de que unos cien vigilantes de seguridad privada emprendieran su traslado a las islas Seychellles, donde los barcos atuneros tienen su base, han salido a relucir todos estos problemas. La espita de las críticas la ha abierto un grupo de estos vigilantes, que han regresado a España al no superar el periodo de pruebas.

Los armadores consultados por ABC reconocen que ha habido problemas con algunos de ellos, debido a situaciones de estrés y problemas familiares, y quitan importancia a la polvareda que han levantado otros, según su testimonio. Sin embargo, sí advierten que estos problemas son consecuencia de una «selección de personal que se hizo muy deprisa». De hecho, ellos sólo aceptaron la oferta del Gobierno como mal menor y como única salida a una situación insostenible, ya que los tripulantes se habían negado a salir a faenar mientras continuara la ofensiva de los piratas. «Nosotros solicitamos infantes de Marina porque son auténticos profesionales», recuerdan.

Pero mientras algunos vigilantes de seguridad denuncian la situación en la que se encuentran, los armadores cumplen «religiosamente» con lo que se comprometieron y pagan este servicio. Sin embargo, el Gobierno no hace lo mismo. A fecha de hoy, el Ejecutivo todavía no ha dicho cómo pagará el 25 por ciento del coste, al que se comprometió. Pero es que tampoco se reúne con el sector para ofrecerle una solución a un compromiso que, posiblemente, no pueda cumplir.

El problema de las armas no es baladí. El Ejecutivo, en su afán por frenar las críticas del sector, llegó a cambiar la legislación para que la seguridad privada pudiera utilizar armas de guerra, pero se olvidó un detalle, que antes tenía que contar con la autorización de las islas Seychelles.