La asociación «Access Info Europe» ha buscado hoy ante el Tribunal Supremo el amparo legal ante la ausencia de respuestas con que se han encontrado por parte del Ministerio de Justicia cuando le han trasladado las quejas y preguntas de los ciudadanos sobre las medidas que quiere implantar el Gobierno en contra de la corrupción.

Según ha calificado esta entidad, es «absurda» la necesidad de recurrir al Tribunal Supremo para obtener una respuesta a una pregunta generalizada tan importante como es la lucha contra la corrupción, ya que para esta asociación urge la adopción y redacción de una Ley de Acceso a la Información en este país.

«Access Info Europe» relata cómo un miembro de esta asociación presentó, el 14 de junio de 2007, una serie de preguntas al Ministerio de Justicia sobre las medidas que planeaba para atajar la corrupción. Entre las interrogantes que le transmitió la asociación preguntó: «En cumplimiento del Convenio de Naciones Unidas contra la corrupción (artículo. 6), ¿qué órgano es el encargado de prevenir la corrupción cometida por personas y entidades españolas, privadas y públicas? ¿Qué recursos (material y personal) se le han proporcionado?». Mutismo por respuesta, y para más inri, el Ministerio rechazó el recurso administrativo.

¿Garantizado el derecho a pedir información a la Administración?A continuación, la Audiencia Nacional a su vez desestimó la demanda, argumentando que la Constitución Española no garantiza el derecho del ciudadano a solicitar y recibir información de la Administración Pública.
La asociación comenta que estalló la sorpresa ante la desestimación del recurso por la Audiencia Nacional «dada la claridad de la jurisprudencia internacional al respecto». En la demanda presentada hoy al Supremo, «Access Info» cita recientes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que «protegen el acceso a la información como derecho necesario para el ejercicio de libertad de expresión y para que las organizaciones no-gubernamentales puedan crear foros de debate público».

En su demanda presentada al Alto Tribunal, «Access Info» no sólo evoca y reclama el derecho de acceso a información pública en base al artículo 20 de la Constitución sobre la libertad de expresión y de opinión, y en base al artículo 23 que establece el derecho de participación de los ciudadanos en la vida política.

Un miembro de la Junta Directiva de «Acces Info», Juan José Cordero, se pregunta algo que puede parecer obvia y que a la vista de este caso no lo es tanto: «¿Cómo puedo participar en el debate sobre corrupción si no tengo información sobre que está haciendo el Gobierno?».
«Access Info Europe» es una de las ONGs fundadoras de la Coalición Pro Acceso que está liderando la petición de una ley de acceso a la información en España, «el único país europeo de más de un millón de habitantes que no tiene una ley al respecto», alegan. El pasado mes de diciembre el Ejecutivo confirmó que está trabajando en un borrador de una ley de acceso a la información, cumpliendo una promesa electoral incluida en sus programas desde 2004, y repetido en las elecciones de 2008.

Según Helen Darbishire, directora de esta asociación, este caso plasma la «necesidad urgente de adoptar una ley de acceso a la información. Y completa: «Es impensable que cada ciudadano que quiera saber algo de la Administración pública, sobre todo en un tema tan importante en España como la lucha contra la corrupción, tenga que acudir al Tribunal Supremo».