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Miércoles
, 10-02-10 a las 13
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A pesar de la creciente furia que produce la generosidad de la industria financiera consigo misma, la banca de EE.UU sigue rechazando cualquier principio de moderación salarial. De acuerdo a detallados cálculos publicados ayer por el «Wall Street Journal», los principales bancos y firmas inversoras que operan en el mercado americano van camino de repartirse la plusmarca de 145.850 millones de dólares en salarios y bonos.
Esta abultada cifra se ha materializado a pesar incluso de la profunda crisis financiera sufrida durante el 2009 y la necesidad de una masiva operación de rescate con cargo a las arcas públicas. En términos comparativos, este volumen de retribuciones supone un incremento salarial equivalente al 18%, por encima incluso de la subida record de compensaciones repartidas por Wall Street en el 2007.
Estos datos, acompañados por espectaculares resultados como los presentados ayer por J.P. Morgan, están sirviendo como munición para los planes de la Administración Obama de aumentar la fiscalidad sobre la banca a través de un impuesto durante diez años del 0,15% sobre los pasivos no asegurados de las instituciones financieras cuyos niveles de activos que sobrepasen los 50.000 millones de dólares. Gravamen que según las primeras estimaciones podría empezar por consumir aproximadamente un 5% de los beneficios de este año.
El presidente Obama al presentar esta iniciativa fiscal ha sido el primero en vincularla con los disparatas bonificaciones que se reparte la industria financiera. Según e ocupante de la Casa Blanca, la banca debería asumir la obligación de «cubrir los costes del rescate financiero no a través de traspasarlos a sus accionistas, clientes o conciudadanos sino reduciendo los bonos de aquellos que más ganan».
Algunos miembros de la mayoría demócrata en el Congreso quieren ir más allá de esa tasa para recuperar los 117.000 millones de dólares que el Departamento del Tesoro anticipa perder con el paquete de rescate de Wall Street. Su propuesta al estilo europeo contempla un impuesto del 50% sobre las bonificaciones que excedan los 50.000 dólares entre los ejecutivos de aquellas instituciones que se hayan beneficiado de la intervención del gobierno federal. Recaudación que a su vez se destinaría a facilitar créditos a pequeñas empresas.
