Policía y padrón
TRIBUNA ABIERTALA negativa del Ayuntamiento de Vic a inscribir en el padrón municipal a los inmigrantes ilegales ha vuelto a destapar el doble discurso de los socialistas, que allá donde gobiernan
TRIBUNA ABIERTA
LA negativa del Ayuntamiento de Vic a inscribir en el padrón municipal a los inmigrantes ilegales ha vuelto a destapar el doble discurso de los socialistas, que allá donde gobiernan, como es el caso de la capital de Osona, aplican un criterio y desde el Ejecutivo se censura la restricción a los «ilegales». Mientras, el presidente socialista de la Generalitat mira para otro lado y evita entrar en el debate sobre la inmigración ilegal que se ha generado a raíz de la postura adoptada por el Consistorio de Vic, gobernado por nacionalistas, socialistas y republicanos.
Es necesario un debate sereno sobre inmigración y financiación municipal. El Gobierno de Zapatero no puede exigir manga ancha sin aportar una mayor dotación presupuestaria a los ayuntamientos, que se ven incapaces de aplicar las políticas sociales necesarias para atender al incremento de población que supone la llegada de inmigrantes. Tampoco de este modo se garantizan unas condiciones de vida dignas para quienes llegan sin la documentación necesaria, que difícilmente van a poder incorporarse al mercado de trabajo en estos momentos de crisis y de cifras del paro millonarias. Las políticas sociales y los servicios deben llegar a todos los que lo necesitan, sean de aquí o de otros lugares.
Es necesario extremar los controles en los padrones municipales y facilitar a la Policía el acceso a estos registros para controlar la inmigración ilegal y luchar contra las mafias desaprensivas que se lucran con los más débiles. Ningún Ayuntamiento puede adoptar una postura cómplice al no denunciar una ilegalidad de la que es consciente. La falta de control en el padrón municipal puede desembocar en un efecto llamada que atraiga a inmigrantes ilegales a los que luego no se les pueden garantizar una vida digna.
En Barcelona existen casi 20.000 inmigrantes que no consta dispongan de domicilio fijo, por lo que se han empadronado en dependencias municipales. Con un total de 300.000 inmigrantes, en Barcelona son ya un 18% de la población. El Ayuntamiento debe extremar el control sobre el padrón municipal y facilitar la consulta policial para acabar con las situaciones de ilegalidad. Hereu no debe dejarse llevar por sus socios de Gobierno de ICV, que por indicación de la regidora Inma Mayol, instaba a la desobediencia ante la regulación normativa que permite a la Policía el acceso al padrón. Son numerosas las medidas que el Grupo Municipal Popular ha planteado en el Ayuntamiento de Barcelona para mejorar el control de la inmigración ilegal. La colaboración institucional es un deber y no se debe caer en el error demagógico de facilitar la ilegalidad. Las leyes están para aplicarse y cumplirse y no se puede permitir que las exigencias hacia los ciudadanos no tengan reciprocidad por parte de las instituciones municipales. El doble rasero a la hora de controlar la inmigración ilegal, se trate de una frontera o de un padrón municipal, no hace más que alentar mafias y generar falsas expectativas a ciudadanos que llegan de otros países con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida. Se trata de aplicar la ley en todos sus artículos para evitar que la ilegalidad derive en una conculcación de los derechos humanos.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete