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La red de extorsión de Guinea cobra en Lisboa el chantaje a barcos españoles

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Mientras que la justicia de Guinea Bissau sigue investigando una presunta red de corrupción por «malversación de fondos públicos y desvío a cuentas particulares de dinero del Ministerio de Pesca», que ya se ha saldado con la dimisión del ex ministro de Pesca y el encarcelamiento de varios funcionarios, el armador español, José Antonio Gámez, que denunció en ABC esta trama que ha dado origen al proceso judicial, aporta ahora nuevos datos sobre el funcionamiento de esta red de extorsión contra los barcos españoles. Una extorsión que se inicia con su apresamiento por delitos que no han cometido y con sus licencias en regla, después se les exige dinero, lo pagan, y, finalmente, los dejan en libertad.

Funcionarios corruptos

El entramado organizado por los funcionarios supuestamente corruptos tiene en Lisboa el centro neurálgico de sus operaciones. La capital lusa es el lugar donde estos funcionarios tienen las cuentas bancarias donde los armadores españoles ingresaron el dinero de las multas correspondientes a las irregularidades que les decían que habían cometido. Así lo asegura Gámez, al afirmar que «un armador español me dijo que estaba pagando a través de una cuenta en Lisboa», e incluso se atreve a afirmar que «son cuentas del entramado de Hamadi, el ex cónsul honorario de España en Guinea Bissau. Mucha gente de la elite de este país tienen su domicilio e intereses en Portugal, que fue la antigua metrópoli».

Pero ¿cómo funciona esta trama de corrupción que nadie hasta ahora se había atrevido a denunciar? Después de vivir en primera persona el caso de su petrolero, «Virginia G», apresado el 21 de agosto de 2009 bajo la acusación de un delito que no cometió y exigiéndole el pago de 600.000 euros por su libertad, que todavía no se ha producido, Gámez siguió el rastro del proceso que se había seguido para la tramitación de su licencia, que él consideraba legal. Este permiso tenía la firma de Hugo Nosoliny, coordinador del organismo de control de actividades pesqueras (Fiscap), hoy encarcelado, y en su tramitación había participado Hamadi Busarai, a través de su agencia «Bijagos». En apariencia, todo legal.

Sin embargo, Gámez ha descubierto una realidad bien distinta y parece que los hechos le están dando la razón. El empresario asegura a ABC que los armadores españoles tramitan las licencias y abonan el dinero que les piden por ellas, pero el dinero se lo quedan los altos funcionarios, ahora encarcelados, que les dan una licencias «que son ilegales y los armadores piensan que sus permisos están en regla. Tenemos fundadas sospechas de que se han dado licencias ilegales a los barcos españoles».Una vez que los barcos están ya faenando son retenidos en alta mar bajo la acusación de cometer irregularidades como pesca sin licencia, abastecimiento ilegal de combustible o pescar en zonas prohibidas. La confusión de los armadores es total, ya que, en teoría, ellos han tramitado las licencias de forma legal.

Una vez detenidos se les exige el pago de una multa, pero no se abre expediente alguno. La mayoría de los armadores, como fue el caso de tres barcos españoles apresados junto al «Virginia G» y posteriormente otros tres pesqueros más, abonaron la multa y quedaron en libertad. Unos 750.000 euros en total. Este dinero, siempre según la versión de Gámez, «va a parar a cuentas particulares de los funcionarios implicados. Para ello utilizan la estructura de la Fiscap». El empresario tiene muy claro que «nadie ha osado denunciar esta práctica por miedo a represalias y para evitar detenciones prolongadas. Pagan, se marchan y el ciclo se repite».

Pero este empresario español que se ha enfrentado al Gobierno de Guinea Bissau también apunta al Gobierno español, pero en este caso por mantener una actitud pasiva ante las reiteradas denuncias que realiza. «La pasividad de las autoridades españolas ante tal saqueo es evidente y, prueba de ello es que a nosotros nos han aconsejado que lo más fácil sería pagar y salir, con lo cual nos evitábamos conflictos».

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