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Miércoles
, 10-02-10 a las 11
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El sexto año del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero enfila su recta final, con la Comunidad Valenciana como una de las principales damnificadas por sus decisiones en materia de financiación, inversiones o equidad en cuestiones culturales, hídricas o de desarrollo estatutario.
A las tradicionales reivindicaciones del PPCV se ha sumado en el último año, además, la sospecha de que el Gobierno ha instrumentalizado la Justicia para socavar la imagen del partido que gobierna la Generalitat. De hecho, en los últimos años la Comunidad ha registrado una inusitada actividad de la Fiscalía.
En lo que respecta a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, dependiente funcionalmente del Fiscal General del Estado, las cifras parecen avalar la tesis de «persecución» que sostienen altos cargos de la Administración autonómica valenciana. Este órgano ha mostrado una inusual —por prolija— ocupación en los asuntos contables de la Generalitat Valenciana, sus empresas, fundaciones y organismos dependientes.
Las pesquisas en la Comunidad se han elevado hasta las cuarenta en el periodo que abarca desde el año 2004 al 2009. Una cifra que supone el 22% (casi una de cada cuatro) del total de investigaciones abiertas en toda España (185).
Esta cifra, no obstante, varía constantemente porque algunas de las diligencias pasan a la fase jurisdiccional de responsabilidad contable, y otras se archivan.
El número de indagaciones abiertas cobra su verdadera dimensión cuando se compara con las que se han iniciado en el mismo periodo en otras autonomías gobernadas por los socialistas. Es el caso de Andalucía, donde la Fiscalía sólo ha decidido abrir 19 diligencias, pese a que esta región tiene casi dos veces el volumen de empresas y organismos públicos que la Generalitat.
Sin «atención» en Cataluña
Cataluña, donde viven dos millones más de personas y se han registrado escándalos como el de la financiación del Palau de la Música o el más reciente caso «Pretoria», ha merecido para la Fiscalía la apertura de sólo 27 diligencias en estos cinco años.
Lejos de Baleares y Galicia
Los altos cargos de la Generalitat ven por ello una cierta orientación política en la actividad fiscalizadora dependiendo del signo del Gobierno autonómico. Baleares es otro de los ejemplos con una convulsa gestión en los últimos años y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha decidido abrir un total de 17 investigaciones.
Igual que Galicia, donde las actuaciones del ex presidente autonómico Emilio Pérez Touriño fueron más que discutidas y le costaron perder las últimas elecciones, pero tan sólo han supuesto la apertura de 28 diligencias desde el año 2004.
En Castilla-La Mancha, con el socialista José María Barreda al frente, se han abierto tres y en Canarias, de donde es oriundo el ex ministro Juan Fernando López Aguilar, sólo dos.
Interés infructuoso
El interés por la Comunidad es, además, infructuoso, ya que de las cuarenta diligencias abiertas se han archivado un total de 35. En cuanto al resto, la propia Sindicatura de Cuentas ha pedido que se procediera al archivo de varias de ellas, sin que esta petición haya sido atendida por la Fiscalía.
La relación entre causas abiertas y archivadas demuestra no sólo el llamativo «celo» del fiscal por la gestión contable del Consell, sino que no se ha podido detectar esa supuesta mala gestión. Fuentes de la Generalitat consideran que estos datos revelan un intento de «desprestigiar» a la Comunidad y a sus instituciones, por lo que intuyen una «directriz» para «presionar».
